En las últimas dos décadas, México ha registrado al menos 20 exgobernadores encarcelados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado, drenando arcas estatales por miles de millones de pesos. El PRI domina con 14 casos emblemáticos —Fausto Vallejo (Michoacán), Roberto Borge (Quintana Roo) o Javier Duarte (Veracruz)—, seguido por el PAN con tres (Guillermo Padrés en Sonora siendo el más reciente) y el PRD con dos. El único independiente, Jaime Rodríguez «El Bronco» (Nuevo León), ingresó a prisión en 2022 por cohecho. Este patrón de impunidad rota expone fallas sistémicas en la fiscalización, pero ahora Morena irrumpe en la lista con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y quien solicitó licencia indefinida para defenderse.
La narrativa oficial de Morena rechaza la equiparación. Sus defensores argumentan que Rocha, electo en 2021 bajo la bandera de la «Cuarta Transformación», es víctima de una cacería selectiva desde Washington, similar a presiones contra López Obrador. La solicitud de licencia, aprobada por el Congreso sinaloense, se presenta como acto de responsabilidad para no entorpecer la gestión estatal. Sheinbaum ha guardado silencio oficial, mientras aliados locales enfatizan investigaciones en curso por la FGR y niegan vínculos con el Cártel de Sinaloa. Para ellos, el caso resalta sesgos geopolíticos, no corrupción endémica, y contrasta con la supuesta limpieza moral del partido.
Opositores, liderados por PRI y PAN, estallan en indignación: «¿Morena, el partido de la honestidad, repite los pecados del pasado?». Ven en Rocha el preludio de un desmoronamiento, sumando a Morena al «club de los pillos» que prometieron erradicar. Analistas citan evidencias de la DEA sobre presuntos sobornos y protección a capos, cuestionando si su licencia evade responsabilidad o compra tiempo. La polémica estalla al recordar promesas de AMLO: «No más gobernadores ladrón». Críticos exigen auditorías urgentes a Sinaloa, alertando que esto socava la credibilidad de Sheinbaum ante un país harto de desvíos presupuestales —Veracruz perdió 18 mil millones por Duarte, Sonora 8 mil por Padrés—.
Elementos controvertidos avivan la furia: ¿por qué Morena, que encarcela priistas, tolera a Rocha libre mientras pide «licencia»? ¿Es su salida un pacto implícito con EE.UU., o admisión tácita de culpa? Voces independientes proponen reformas como fiscalías autónomas y extinción de dominio inmediata. El caso polariza: para unos, prueba la podredumbre universal de la política mexicana; para otros, un montaje que distrae de logros sociales. Si Rocha cae, Morena enfrentaría su primera gran crisis de imagen, rompiendo el mito de intocabilidad y reavivando demandas de justicia igualitaria.
La secuencia histórica —de PRI a PAN, PRD y ahora Morena— sugiere no un mal partidista, sino estructural: debilidad institucional que permite saqueos. Rocha podría ser el número 21, intensificando el debate sobre si la 4T transforma o perpetúa el ciclo.
