El panorama de la seguridad en México presenta un desafío crítico en delitos de género. Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se contabilizan 7,039 denuncias por violación equiparada, una cifra que pone en el centro del debate las estrategias de prevención y procuración de justicia en el país. Los datos más recientes revelan un incremento preocupante del 9% en la incidencia de este delito al comparar febrero de 2026 con el mismo mes del año anterior.
Este repunte no es un fenómeno aislado, sino que se concentra de manera alarmante en puntos geográficos específicos. Tan solo tres entidades —la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León— acumulan el 45% de todos los casos registrados en lo que va de la actual administración federal. Esta centralización de la violencia sexual sugiere que las zonas urbanas más densas del país enfrentan una crisis que requiere atención inmediata y focalizada.
Radiografía de la violencia en las entidades
Al analizar las cifras por volumen, la Ciudad de México encabeza la lista con 1,686 denuncias, seguida por el Estado de México con 924 y Nuevo León con 542. No obstante, cuando se observa la tasa de incidencia por cada millón de habitantes, el mapa de riesgo cambia: Campeche se posiciona como el estado con la mayor tasa (283), superando a la capital del país (183) y a Hidalgo (155).
El reporte histórico muestra que, aunque hubo un ligero descenso tras el pico máximo alcanzado en 2022 (7,455 casos), la tendencia actual en 2026 vuelve a mostrar señales de alerta. En febrero de este año se registraron 469 denuncias, una cifra superior a las 432 reportadas en el mismo periodo de 2025, lo que confirma que el delito mantiene una persistencia preocupante en el tejido social mexicano.
Evolución y comparativa histórica
Para entender la magnitud del problema, es necesario mirar hacia atrás. Desde 2015, cuando se registraron 2,081 casos, el delito de violación equiparada ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando su punto más crítico hace cuatro años. Aunque el año 2024 cerró con una disminución del 14% respecto al anterior, la estabilidad vista en 2025 y el repunte a inicios de 2026 indican que no se ha logrado una reducción definitiva.
En el comparativo de febrero de cada año, el máximo histórico sigue siendo febrero de 2023 con 588 casos. Sin embargo, el dato de 2026 es el más alto de los últimos tres años para ese mes específico, lo que ha encendido las alarmas entre colectivos y analistas de seguridad.
La información, proveniente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subraya la urgencia de que las políticas de seguridad pública trasciendan el discurso y se traduzcan en acciones concretas en los estados con mayores índices de impunidad y violencia. Con casi la mitad de los casos concentrados en el centro y norte del país, el reto para el gobierno de Sheinbaum será revertir una tendencia que sigue lastimando a miles de familias mexicanas.
