La seguridad en México enfrenta un desafío persistente que va más allá de los delitos de alto impacto. De acuerdo con el más reciente informe de TResearch International, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de amenazas ha alcanzado niveles críticos en el país. Durante el actual sexenio de Claudia Sheinbaum, se han contabilizado ya 159,990 denuncias por este concepto, reflejando un clima de tensión que afecta la cotidianidad de miles de ciudadanos.
El reporte destaca que, aunque la cifra es elevada, el mes de febrero de 2026 mostró una ligera tregua estadística. Durante este periodo se registraron 10,697 denuncias, lo que representa una disminución del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 11,318 casos. A pesar de este descenso puntual, el acumulado de 2026 ya suma más de 21,000 expedientes abiertos, lo que sugiere que la tendencia anual se mantendrá en niveles similares a los de años previos.
Radiografía de la violencia verbal por estados
El fenómeno de las amenazas no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. El análisis de concentración por entidad revela que solo tres estados acumulan el 34% del total de los casos registrados en lo que va de la administración actual:
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Ciudad de México: 23,042 denuncias.
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Guanajuato: 17,413 denuncias.
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Coahuila: 13,184 denuncias.
Sin embargo, cuando se ajustan las cifras al tamaño de la población para obtener una tasa por cada millón de habitantes, el mapa de riesgo cambia. Bajo esta métrica, Colima encabeza la lista con una tasa de 4,579 denuncias, seguida muy de cerca por Coahuila (4,190) y Baja California Sur (4,159). Estos datos sugieren que, en estados con menor densidad poblacional, la incidencia de este delito es proporcionalmente mucho más severa para sus habitantes.
Un problema que no cede
Al observar la serie histórica (2015-2025), queda claro que las denuncias por amenazas han experimentado un crecimiento sostenido durante la última década. Mientras que en 2015 se registraron cerca de 76,294 casos, para el cierre de 2023 la cifra se disparó hasta los 140,430 anuales.
Esta tendencia al alza es un indicador de la complejidad social que atraviesa México. Estados como Veracruz, Puebla y Michoacán también aparecen de forma recurrente en los primeros lugares de incidencia, confirmando que la amenaza se ha convertido en una herramienta común de coacción o conflicto en diversas regiones del país.
Para los analistas, estas cifras representan apenas la «punta del iceberg», ya que el delito de amenazas suele tener una alta cifra negra debido a que muchas víctimas deciden no denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades. Por ahora, el reto para la estrategia de seguridad nacional será revertir una inercia que parece haberse normalizado en la vida pública y privada de los mexicanos.
