¡Indignación en el Zócalo!

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Han pasado ya diez días y aún no sabemos quién dio la orden o en qué protocolo de actuación se basaron para catear a niños en el Zócalo.

No se qué me indignó más, si las imágenes que circularon los días posteriores a la ceremonia del “Grito de independencia” en las que policías federales realizaban minuciosas revisiones corporales a niñas e incluso bebés, o el menosprecio de las autoridades federales ante un tema tan delicado que generó diversas reacciones en los medios de comunicación y redes sociales, pero que apenas mereció un escueto comentario por parte de las autoridades.

Por más que le doy vueltas al asunto, no entiendo qué riesgo representaban estos pequeñitos o qué artefacto o sustancia peligrosa podían esconder entre las ropas de sus cuerpos diminutos como para que ameritara un cateo, sobre todo cuando de acuerdo a la información que se ha difundido, para ingresar al evento se tenía que pasar por tres filtros de seguridad con los correspondientes arcos detectores de metales.

Esto no quiere decir que me oponga a las medidas de seguridad, pero sí al exceso en las mismas. En todo caso me parece más peligroso que dada la corrupción imperante, entre los elementos de seguridad se infiltre alguien con el fin de cometer un atentado o alterar el orden, a que se utilicen niñas de apenas uno o dos años.

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Han pasado ya diez días y aún no sabemos quién dio la orden o en qué protocolo de actuación se basaron. Lo único que se ha dicho es que las “incomodidades” que sufrieron algunos asistentes -así le llaman a lo que a mi juicio es una violación flagrante a los derechos de la niñez- eran necesarias para garantizar el interés general.

Es el colmo que mejor haya merecido un reconocimiento con la consecuente disculpa el error cometido unos días antes al permitir que se utilizara la “plancha del Zócalo” como estacionamiento de los invitados al Informe de Presidente Peña Nieto, a estos hechos que como bien lo señala la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) no fueron proporcionales, representan abuso de autoridad y contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, resulta preocupante la posición asumida por el gobierno de pretender que en aras de la seguridad todo se justifique, pues recordemos que esto precisamente ha sido el pretexto ideal y germen de muchos regímenes autoritarios.

Tampoco podemos pasar por alto la pasividad con que actuó la CNDH ante hechos tan graves y evidentes, ya que sólo inició la investigación de oficio hasta que la presión social fue creciendo, lo que quizá encuentra explicación en las aspiraciones reeleccionistas de Raúl Plascencia y por tanto en su intención de evitar cualquier tipo de confrontación que le pudiera restar votos en el Senado. En este punto me pregunto si este es el tipo de ombudsman que requiere el país, y considero que lo mismo debían plantearse los senadores. 

Por todo lo anterior, se refuerza la necesidad de que en la nueva Ley General en Materia de Niñas, Niños y Adolescentes que se está discutiendo en el Congreso prevalezca un enfoque garantista, y que quede claro que son sujetos de derechos y por encima de todo se encuentra el interés superior de la niñez. Cuando menos en el ámbito declarativo las señales son positivas, pero habrá que esperar a conocer las redacciones concretas que se habrán de someter a votación.

¡Estaremos pendientes!


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