La Secretaría Anticorrupción amplió la reserva del expediente contra Lomedic, empresa vinculada al senador Carlos Lomelí. La investigación surgió tras revelaciones realizadas por MCCI en 2019 sobre una red de compañías que obtuvo contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos.
Un procedimiento interpuesto contra una empresa farmacéutica del Senador Carlos Lomelí Bolaños fue reservado hasta el año 2028.
La investigación iniciada desde el año 2019 contra la empresa Lomedic ya había recibido una reserva de información por un año en 2021 y ahora el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo extiende por tres años más.
El procedimiento SAN/015/2019 iniciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (en ese momento llamada Secretaría de la Función Pública) contra la empresa LOMEDIC, propiedad del Senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, fue abierto tras la publicación del reportaje El emporio farmacéutico a la sombra del Súperdelegado Lomelí, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en mayo de 2019.
En él se reveló que familiares y colaboradores de Carlos Lomelí Bolaños formaban parte de una red de empresas que vendían medicamentos a gobiernos. Esas compañías recibieron, entre los años 2012 y 2019, más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos.
Las compañías ligadas al Senador compitieron entre sí y, según documentos oficiales, varias están ubicadas en predios que pertenecen al morenista.
MCCI reveló que el actual Senador de Morena y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
El emporio farmacéutico se encuentra conformado por las empresas Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.
De las nueve compañías, las cuatro que fueron reconocidas por Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés presentada en febrero de 2018, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.
Tras la publicación del reportaje, la entonces Secretaría de la Función Pública informó en julio de 2019 que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí Bolaños, y en esa fecha adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.
Dos meses después se publicaron las primeras sanciones. Por medio de dos circulares emitidas por el Diario Oficial de la Federación (DOF), se informó de la inhabilitación a Laboratorios Solfran y Lomedic; compañías que debían abstenerse de concursar por nuevos contratos hasta 2022.
Las sanciones se emitieron por falsear información en licitaciones gubernamentales. Tanto Lomedic como Laboratorios Solfran fueron penalizados además con multas de más de un millón de pesos.
El 12 de julio de 2019, Carlos Lomelí hizo pública su renuncia al cargo de delegado del Bienestar en Jalisco. Desde el 1 de noviembre de 2024 se desempeña como Senador de Morena por Jalisco y líder de la Comisión de Marina en el Senado de la República.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde noviembre de 2025 el expediente completo de ambas sanciones, pero uno de ellos fue reservado nuevamente.
El expediente número SAN/015/2019 ya había sido reservado por el periodo de un año en marzo de 2021, argumentando que la investigación del caso se mantenía abierta.
Tras la nueva petición de acceso al expediente, el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó la reserva de información por tres años más, argumentando que el caso sigue en curso, por lo que publicar el expediente dañaría el debido proceso.
La sanción, que posiblemente está ligada al expediente SAN/015/2019 que actualmente se encuentra clasificado como reservado por tres años, se interpuso a la empresa por supuestamente haber proporcionado información falsa para participar en procesos de licitación con el gobierno federal, en el año 2015.
El actual Senador morenista se amparó ante el proceso y argumentó que ya no formaba parte de la empresa en el año en el que se otorgaron los contratos públicos. Para defenderse, Lomelí Bolaños presentó una acta de asamblea de accionistas de la empresa, mediante la que se autorizó que Carlos Lomelí donara sus acciones a su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez.
Según el Senador, la asamblea se celebró el 30 de octubre de 2012 pero se protocolizó ante fedatario público hasta el 10 de diciembre de 2015, días después de haber ganado los contratos de obra pública que el gobierno federal licitó
MCCI consultó las asambleas públicas transparentadas por el Registro Público de Comercio y no encontró ninguna acta correspondiente a dicha fecha; sin embargo, el 15 de enero de 2016, cuando ya se habían firmado los contratos en disputa, se registró un acta donde Carlos Lomelí Bolaños seguía apareciendo como representante de Lomedic, lo que contradice su declaración ante el TFJA.
Además, en su propia declaración de situación patrimonial, presentada en mayo de 2025 ante la Cámara de Senadores, Carlos Lomelí Bolaños declaró que mantuvo el puesto de Director General de Lomedic desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2021, lo que contradice nuevamente el argumento por el que el Tribunal de Justicia Administrativa habría librado a Lomedic de una de sus inhabilitaciones.
Magistrados como Zulema Mosri y Carlos Mena, que votaron en contra de retirar la inhabilitación, argumentaron en su momento que el contrato de donación de acciones, que no aparece registrado ante el Registro Público de Comercio, es un contrato privado que se celebró entre esposos y no fue firmado ante testigos, y que si se protocolizó ante corredor público, éste tiene funciones mercantiles, no de fedatario público para certificar un acto como es un acto civil de donación. Por lo que para ellos todo este movimiento se trató de una simulación.
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