El asambleísmo difiere de la democracia, pero la formación de un grupo político al calor del primero explica que hoy abunden las concentraciones en plazas públicas para discurrir sobre el pueblo, la soberanía o la defensa de los derechos democráticos. No se dialoga con la oposición ni con otros sectores sociales —ahí constan las quejas de las madres buscadoras—, ni se aceptan las críticas, como ocurrió con los familiares de niños con cáncer, tildados de “golpistas”. Es una faceta de la realidad nacional de la que poco se ha hablado.
Celebrar una asamblea en la que los asistentes aprueban a mano alzada una directriz no equivale a organizar elecciones y ejercer un cargo público. En lo primero, la rendición de cuentas es prescindible por tratarse de un círculo cerrado, en tanto que en la segunda la transparencia y la responsabilidad de atender incluso a quienes no votaron por el candidato resultan obligatorias.
El escenario se agrava cuando en un acto público aflora la radicalización. El pasado 31 de mayo, en el evento con motivo de su elección presidencial, la mandataria señaló, respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y nueve coacusados más, que dicho país busca influir en los comicios mexicanos de 2027 y que las oficinas de esa dependencia estadounidense «pueden volverse el principal elector de México». Cuestionó si Washington realmente persigue combatir el crimen o si su meta es puramente electoral.
Adicionalmente, en una muestra de las incongruencias de su discurso, criticó la gestión de Felipe Calderón —al evocar el mensaje del expresidente en apoyo a la gobernadora Maru Campos— al afirmar que fue un narcogobierno y recordar el caso de García Luna, precisamente juzgado por Estados Unidos en una corte de Nueva York, la misma sede judicial de donde emanaron las acusaciones vigentes contra Rocha Moya y sus coacusados. La memoria no es el fuerte de la presidenta Sheinbaum ni de sus propagandistas.
El hecho de que la mandataria exclamara en la explanada del Monumento a la Revolución que “¡ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia!” advierte que la radicalización es la vía elegida para capotear la coyuntura política del país. Muestra de ello fue su afirmación de que el Gobierno enfrenta duras campañas de desinformación impulsadas por “las derechas internacionales”.
En lugar de reconocer la infiltración del crimen organizado en su propio partido y su intervención en los procesos electorales —como sucedió en Sinaloa en 2021—, la presidenta Sheinbaum se refugia en el asambleísmo y la confrontación como respuesta a lo que intenta tipificar como injerencismo de Estados Unidos. El problema es que, si antes validaron y celebraron la sentencia del Departamento de Justicia estadounidense en el caso García Luna, ahora tendrán que sostener el mismo criterio frente a los procesos que vienen en contra de destacados militantes de Morena, por más mítines o discursos que organicen. El dilema no radica en un gobierno extranjero o en la extrema derecha, sino en el empeño de proteger a políticos vinculados a los cárteles del narcotráfico. Pero poco se puede esperar de quien confunde el asambleísmo con la democracia.
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