El Instituto Nacional Electoral, la institución que México construyó durante tres décadas para blindar sus elecciones de la sospecha, atraviesa un momento en el que sus propias decisiones alimentan la desconfianza que debería combatir. A menos de un año del proceso más grande de su historia, en 2027, el organismo acumula señales que sus críticos interpretan como un retroceso institucional silencioso.
Boletas planchadas: ¿flexibilidad técnica o riesgo de certeza?
El Consejo General aprobó por mayoría modificar el tratamiento de las llamadas «boletas planchadas» —papeletas que aparecen en las urnas sin las marcas de doblez esperadas—, sustituyendo la invalidación automática por una revisión caso por caso de los consejos distritales. El criterio sustituyó una propuesta que planteaba invalidar automáticamente las boletas que no mostraran señales de haber pasado por la urna. El INE atribuyó el cambio a sentencias del Tribunal Electoral, pero PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y SOMOS anunciaron que impugnarán la decisión ante la Sala Superior, por considerar que el nuevo procedimiento podría afectar la certeza de los resultados de 2027. El antecedente pesa: en la elección judicial de 2025 fueron anuladas más de 800 casillas por este tipo de irregularidad, con presencia especialmente relevante en municipios de Chiapas.
Una comisión contra el narco sin dientes
En paralelo, el INE instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar vínculos de aspirantes con el crimen organizado. Sin embargo, su alcance presenta una debilidad central: las revisiones serán voluntarias y el INE no podrá impedir directamente el registro de una candidatura considerada de alto riesgo. La propia dirección jurídica del organismo lo confirmó ante una organización civil: no existe una obligación expresa que imponga a los partidos políticos implementar controles para evitar la intervención del crimen organizado en sus procesos internos de designación de candidaturas. El mensaje de fondo es incómodo: la institución reconoce el riesgo, pero carece de la facultad para frenarlo.
Observadores sin filtro
El tercer punto de fricción es más silencioso pero no menos relevante. El Consejo General votó a favor de eliminar el requisito que permitía verificar que los aspirantes a observadores electorales no fueran Servidores de la Nación, operadores de programas sociales que en su mayoría provienen de las bases de movilización de Morena. La justificación oficial fue estadística —de 34,881 solicitantes en 2024 solo se identificaron 24 funcionarios, y de 316,430 registros en 2025, 270 eran servidores públicos, frente a 45 mil militantes detectados—, pero la oposición interna advirtió que el filtro, aunque de bajo rendimiento numérico, era la única barrera contra un conflicto de interés estructural.
Presupuesto y hostigamiento: austeridad con opacidad
El cuarto frente combina tensión financiera y clima laboral. Durante 2026 se eliminaron los recursos previstos para participación ciudadana y se aplicó un recorte adicional de mil millones de pesos a la operación institucional —una reducción de más de 4 mil millones respecto de lo solicitado—, mientras consejeras y representantes partidistas reclamaban el despido masivo de personal ante la llegada de nuevos directores, sin que mediara, según denunciaron, una metodología objetiva de evaluación. El caso más grave trascendió en agosto: personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral incomunicó y despojó de su teléfono a una trabajadora que había renunciado por presunto acoso laboral, en una diligencia de más de diez horas documentada en video. La abogada que expuso el caso, Mónica Calles, denunció después que la Fiscalía General de la República abrió en su contra medidas de protección a favor de la denunciante que ella interpreta como un mecanismo de presión contra su labor de litigio. El contraste es elocuente: el mismo Consejo que meses después aprobó un presupuesto histórico de 47 mil millones de pesos para 2027 no ha podido —o no ha querido— esclarecer públicamente qué ocurrió dentro de sus propias oficinas.
La pregunta de fondo
Cada una de estas decisiones, tomada de manera aislada, admite una explicación técnica razonable. Juntas, sin embargo, dibujan un patrón: un INE que cede terreno regulatorio justo cuando más se le exige fortaleza institucional, en un país donde la infiltración del crimen organizado en la política local ya no es hipótesis sino evidencia documentada por el propio organismo, y donde quien denuncia irregularidades internas puede terminar bajo escrutinio de la autoridad antes que la propia autoridad electoral. ¿Puede una institución sostener la confianza ciudadana cuando cada uno de sus ajustes técnicos, y su manejo de las crisis internas, parecen apuntar en la misma dirección?
