El caso de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, expone un fenómeno tan delicado como incómodo: el crimen organizado ha logrado penetrar de forma estructural a los partidos políticos, sin que hasta ahora exista un mecanismo claro, transparente ni efectivo para frenarlo. Con al menos 659 carpetas de investigación abiertas en su contra y una vida política que ha transitado por Morena, PAN y PRD, Corona se convierte en un símbolo de cómo la delincuencia puede usar el poder institucional para blindar su propia impunidad.
De candidato a prófugo
Corona fue electo por Morena en 2018 y reelegido en 2024, primero por el mismo partido y más tarde bajo la bandera del PAN, lo que ilustra cómo distintas fuerzas partidistas han terminado por avalar su figura pública. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República señalan que, desde 2018, existían señalamientos sobre sus posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa y con “Los Rojos”, una escisión de los Beltrán Leyva, sin que ello se tradujera en una inhabilitación seria de su carrera. Pruebas como un video donde se le ve conversando con “El Barbas”, presunto operador regional del Cártel de Sinaloa, se han vuelto públicas, pero la responsabilidad política de quienes lo postularon o respaldaron ha quedado en el limbo.
Complicidad silenciosa de los partidos
Lo más polémico del caso no es solo que un presunto extorsionador tenga un historial delictivo tan largo, sino que haya sido encumbrado y protegido por distintas fuerzas partidistas. Morena lo lleva al poder en 2018, PAN y PRD lo respaldan después, mientras las autoridades federales y estatales acumulan carpetas y señalamientos que, en la práctica, no han impedido su reelección ni su permanencia en el puesto. Esta dinámica alimenta la indignación ciudadana: se percibe que los partidos, enfrentados públicamente, pactan en privado con la misma red de poder violento, intercambiando votos, gobierno y protección a cambio de impunidad.
El papel del Ejército y de la FGR
Reportes oficiales revelan que el Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional ya identificaban a Corona como figura de riesgo político‑delictivo mucho antes de que su nombre se volviera noticia. Pese a eso, su presencia en el registro electoral y su permanencia en el gobierno municipal no se cuestionaron de forma institucional, lo que genera una pregunta incómoda: ¿por qué quien se sabe que tiene nexos con el narcotráfico se deja avanzar en el juego político? Para buena parte de la ciudadanía, la respuesta suena obvia: la seguridad nacional se administra con criterios operativos, pero la responsabilidad política se desvanece en la ambigüedad partidista.
Crítica imparcial, sin sesgo partidista
Desde una lectura imparcial, el caso de Jesús Corona no debe leerse solo como un escándalo de Morena, PAN o PRD, sino como un ejemplo de falla sistémica. Todos los partidos han tenido o tendrán en sus filas figuras con sospechas serias de vínculos con el crimen; la diferencia radica en que la ciudadanía esperaba que la “cuarta transformación” impusiera un estándar de limpieza más alto que el pasado, y en Morelos se ve exactamente lo contrario. La indignación brota entonces de dos lados: la cómplice tolerancia de los partidos y la insuficiente capacidad de la justicia para separar, antes de que asuman el cargo, a quienes ya tienen pruebas contundentes en su contra.
