En el gobierno de Claudia Sheinbaum, México ha fortalecido la cooperación con Estados Unidos en materia de extradiciones. Según datos oficiales, se han enviado 90 criminales a territorio estadounidense mediante procesos formales y 55 adicionales sin mediar trámites legales, justificados por riesgos a la seguridad nacional. Esta política, implementada desde octubre de 2024, busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado, alineándose con presiones bilaterales para reducir la migración irregular y el flujo de fentanilo. Sin embargo, la postura reciente ante la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, genera controversia: Sheinbaum la califica como un «embate en contra de México», cuestionando su legitimidad política.
Esta discrepancia invita a cuestionamientos sobre la consistencia de la política exterior mexicana. Por un lado, defensores del gobierno argumentan que las entregas previas respondían a casos irrefutables de delincuencia, con evidencia sólida de vínculos con carteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. La ausencia de procesos legales en 55 casos se explica como medidas excepcionales para prevenir fugas o represalias, priorizando la responsabilidad compartida en la frontera. Sheinbaum ha enfatizado que tales acciones fortalecen la soberanía al negociar en términos equitativos, evitando que México sea visto como un «narcoestado».
Críticos, en cambio, ven hipocresía. La resistencia a extraditar a Rocha, acusada por EE. UU. de nexos con el Cártel de Sinaloa y lavado de dinero, contrasta con la celeridad en otros envíos. Analistas opositores señalan que el caso podría repetirse como el del general Salvador Cienfuegos en 2020: la Fiscalía General de la República (FGR) simuló una investigación para exonerarlo, citando falta de pruebas, lo que enfureció a Washington y tensó relaciones. Si la FGR actúa igual con Rocha —investigación aparente seguida de absolución—, expertos prevén una reacción más dura de EE. UU., como aranceles, restricciones migratorias o designaciones de «países no cooperantes» bajo la Ley FEND Off Fentanyl. Esto podría escalar a un conflicto diplomático, similar al de 2020, pero agravado por la retórica de Sheinbaum contra «intervenciones extranjeras».
Desde una perspectiva imparcial, el dilema radica en equilibrar soberanía y cooperación. México ha extraditado a más de 200 personas desde 2018, con tasas crecientes bajo Morena, pero selecciona casos según conveniencia política. La administración Sheinbaum enfrenta un dilema: rechazar la petición de Rocha preservaría la imagen de autonomía, pero arriesgaría represalias económicas que afectan a millones de mexicanos. Partidarios de la extradición argumentan que la responsabilidad ante la justicia internacional prevalece sobre lealtades partidistas; opositores temen que sea un pretexto para debilitar a aliados de Morena en Sinaloa.
La polémica se intensifica porque Rocha, protegida por inmunidad estatal, representa un test para la independencia judicial mexicana. Si la FGR repite el guion de Cienfuegos, EE. UU. podría intensificar presiones, recordando que México debe 145 extradiciones pendientes. Este doble estándar no solo erosiona la credibilidad bilateral, sino que alimenta percepciones de impunidad selectiva, indignando a quienes exigen coherencia en la lucha contra el crimen.
