Corrupción en Pemex, problema estructural

La corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido un problema estructural y persistente que ha drenado recursos, minado la confianza de inversionistas y complicado su viabilidad financiera y operativa. A continuación, se amplía el análisis del tema, abordando antecedentes históricos, casos recientes, esfuerzos para combatirla, percepción actual y su impacto en la empresa, con un enfoque crítico basado en información disponible hasta abril de 2025.

1. Contexto histórico de la corrupción en Pemex

La corrupción en Pemex tiene raíces profundas, vinculadas a su papel como una de las principales fuentes de ingresos del Estado mexicano y su estructura opaca durante décadas. Algunos hitos históricos ilustran la magnitud del problema:

• «Pemexgate» (2000): Uno de los escándalos más notorios ocurrió durante la campaña presidencial de 2000, cuando se desviaron recursos de Pemex, a través del sindicato liderado por Carlos Romero Deschamps, para financiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La multa impuesta fue de mil millones de pesos, pero no hubo consecuencias penales significativas.
• Fraudes en contratos (décadas de 2000 y 2010): Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se documentaron casos de asignaciones de contratos a empresas con precios inflados o sin capacidad técnica, particularmente en áreas como exploración y servicios. Por ejemplo, contratos con empresas de perforación en el Golfo de México fueron cuestionados por sobrecostos.
• Odebrecht (2013-2014): Este escándalo internacional reveló que Pemex otorgó contratos a la constructora brasileña a cambio de sobornos pagados a funcionarios mexicanos, incluyendo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex (2012-2016). Aunque Lozoya fue procesado, las investigaciones no han resultado en sanciones significativas para otros involucrados, lo que alimentó críticas sobre impunidad.
• Compra de activos sobrevaluados: Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Pemex adquirió plantas industriales en condiciones desfavorables. Un caso emblemático es la compra de la planta de fertilizantes Fertinal en 2015 por 635 millones de dólares, pese a que estaba obsoleta y con deudas. Auditorías posteriores señalaron irregularidades, pero no hubo consecuencias legales de alto nivel.
• Huachicol (robo de combustible): Hasta 2018, el robo de combustible a través de tomas clandestinas generaba pérdidas estimadas en 60 mil millones de pesos anuales. Este problema involucró a empleados de Pemex, autoridades locales y cárteles, evidenciando redes de corrupción profundamente arraigadas.

2. Corrupción en el periodo reciente (2018-2025)

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, el discurso oficial prometió erradicar la corrupción en Pemex como parte de una «transformación» de la empresa. Sin embargo, los resultados han sido mixtos, y persisten señalamientos de prácticas opacas bajo nuevas formas:

• Asignaciones directas de contratos: Entre 2019 y 2024, Pemex adjudicó cerca del 70% de sus contratos por asignación directa, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto incluye contratos para la construcción de la refinería Dos Bocas, donde empresas como Baker Hughes y otras vinculadas a aliados políticos del gobierno recibieron multimillonarios proyectos sin licitación pública. Aunque el gobierno argumentó que estas asignaciones agilizaban procesos, críticos señalan falta de transparencia y posibles favoritismos.
• Refinería Dos Bocas: La construcción de esta refinería, con un costo que escaló a 330 mil millones de pesos (unos 16.5 mil millones de dólares), ha sido cuestionada por irregularidades. La ASF identificó en 2022 pagos injustificados, subcontrataciones no autorizadas y falta de documentación en contratos otorgados a empresas como ICA Fluor y Samsung Engineering. Aunque no se han presentado cargos penales, la opacidad en el proyecto alimenta sospechas.
• Deudas con proveedores y posibles extorsiones: En 2024, Pemex acumuló adeudos récord con proveedores por 506 mil millones de pesos. Hay denuncias de que algunos pagos están condicionados a «moches» (sobornos) o a la intervención de intermediarios cercanos a funcionarios, aunque estas acusaciones no han sido plenamente comprobadas. La crisis con proveedores en Ciudad del Carmen, donde empresas locales han quebrado por falta de pagos, refuerza la percepción de manejos discrecionales.
• Casos políticos recientes: En 2024, un senador de Morena fue señalado por presuntos vínculos con una red de distribución de gasolina robada en Veracruz. Aunque el caso está bajo investigación, refuerza la narrativa de que la corrupción persiste en niveles altos. Además, la salida de Romero Deschamps del sindicato en 2019 no eliminó las prácticas clientelares; se han reportado nuevos líderes sindicales que negocian favores a cambio de contratos laborales.
• Investigaciones estancadas: Casos como el de Lozoya, quien regresó a prisión en 2023 tras incumplir acuerdos de reparación, muestran avances limitados. La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido criticada por no profundizar en redes más amplias de corrupción, enfocándose en figuras individuales sin abordar problemas estructurales.

3. Esfuerzos para combatir la corrupción

El gobierno de AMLO implementó medidas para reducir la corrupción en Pemex, aunque su efectividad es debatida:

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• Lucha contra el huachicol: Desde 2019, el gobierno desplegó operativos militares para cerrar tomas clandestinas, reportando una reducción del robo de combustible de 56 mil barriles diarios en 2018 a 5 mil en 2023. Sin embargo, el problema no ha desaparecido, y persisten redes en estados como Hidalgo y Puebla.
• Mayor vigilancia interna: Pemex creó unidades de cumplimiento y auditoría interna, pero la ASF ha señalado que estas carecen de recursos y autonomía para investigar a fondo. En 2023, solo el **10% de las denuncias internas por corrupción resultaron en sanciones.
• Intervención del SAT y la UIF: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han rastreado operaciones sospechosas en contratos de Pemex, identificando empresas fantasma y factureras. Sin embargo, las sanciones han sido limitadas, y los resultados no se publican con detalle.
• Reforma al sindicato: La salida de Romero Deschamps buscó debilitar el control clientelar del sindicato, pero nuevas figuras han replicado prácticas similares, como la venta de plazas laborales o el condicionamiento de contratos a afiliaciones políticas.

Bajo Claudia Sheinbaum (2024-2030), el discurso anticorrupción continúa, pero no se han anunciado reformas específicas para Pemex. La presidenta ha prometido fortalecer la transparencia, pero la reducción del presupuesto de Pemex para 2025 (-7.5%) podría limitar la capacidad de implementar controles efectivos.

4. Percepción y impacto de la corrupción

• Percepción pública: Encuestas como la de México Evalúa (2024) muestran que el 65% de los mexicanos considera que la corrupción en Pemex sigue siendo un problema grave, aunque el apoyo a la narrativa oficial de un «Pemex rescatado» persiste entre sectores afines al gobierno. La falta de avances visibles en casos de alto perfil refuerza el escepticismo.
• Impacto financiero: La corrupción eleva los costos operativos de Pemex. Por ejemplo, los sobrecostos en Dos Bocas y otros proyectos representan entre el 20% y 30% del presupuesto asignado, según estimaciones de expertos. Esto agrava la deuda y reduce la capacidad de inversión en exploración o mantenimiento.
• Confianza de inversionistas: Las calificadoras como Moody’s y Fitch han señalado la corrupción como un factor que eleva el riesgo crediticio de Pemex, lo que encarece su financiamiento. En 2024, los bonos de Pemex ofrecían rendimientos superiores al 10%, reflejando una percepción de inestabilidad.
• Efectos sociales: En regiones petroleras como Tabasco y Campeche, la corrupción se percibe en el abandono de comunidades a pesar de los millonarios proyectos de Pemex. La falta de pagos a proveedores locales ha generado protestas y cierres de carreteras, evidenciando el impacto humano de estas prácticas.

5. Desafíos estructurales y perspectivas

La corrupción en Pemex no es solo un problema de individuos, sino de un sistema que incentiva prácticas opacas:

• Falta de autonomía: La dependencia de Pemex del gobierno limita su capacidad para implementar controles independientes. Las decisiones políticas, como priorizar proyectos emblemáticos sobre eficiencia, perpetúan ineficiencias.
• Opacidad institucional: A pesar de la Ley de Transparencia, Pemex sigue clasificando información clave como «confidencial», lo que dificulta la rendición de cuentas. Por ejemplo, los detalles de los contratos de Dos Bocas no son públicos en su totalidad.
• Cultura organizacional: Décadas de clientelismo han normalizado prácticas corruptas en niveles medios y bajos, desde la venta de plazas hasta el desvío de insumos. Cambiar esta cultura requiere reformas de largo plazo.
• Falta de sanciones efectivas: La impunidad en casos de alto perfil desincentiva el cambio. Mientras figuras clave evadan consecuencias, la percepción de que «nada cambia» persistirá.

Conclusión

La corrupción en Pemex sigue siendo un obstáculo central para su recuperación, con un impacto que va más allá de lo financiero, afectando su credibilidad y viabilidad. Aunque el gobierno de 2018-2024 logró avances en áreas como el combate al huachicol, las prácticas opacas en contratos, la falta de transparencia en megaproyectos y la persistencia de redes clientelares muestran que el problema está lejos de resolverse. Bajo la nueva administración, abordar la corrupción requerirá no solo discursos, sino reformas estructurales que promuevan autonomía, transparencia y sanciones efectivas. Sin estos cambios, Pemex seguirá atrapado en un ciclo de ineficiencia y desconfianza.