Con la 4T, las diferencias de opinión se persiguen como delitos

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer su posicionamiento respecto a las denuncias presentadas por parte de la Cámara de Diputados en contra de algunos funcionarios del INE.

“En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”, aseveraron los 11 miembros del Consejo General del INE, quienes rechazaron las denuncias penales interpuestas en contra de seis de sus integrantes, las cuales, consideraron, buscan, sin sustento jurídico, intimidar y vulnerar la autonomía de la institución.

En el posicionamiento conjunto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, así como los consejeros Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas, Adriana Favela, Martín Faz Mora, Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Claudia Zavala, lamentaron que se busque inhibir la independencia del organismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció, el jueves pasado, ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros electorales que votaron a favor del acuerdo mediante el cual se pospuso temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.

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“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida” dice el comunicado emitido este domingo.

“Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Carlos Gutiérrez Luna) pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.”, continúa el documento.

El instituto recalcó que se opone a la intimidación, vulneración y denuncias penales llevadas a cabo por la Cámara de Diputados hacia sus consejeros, haciendo énfasis en que las diferencias de opinión no deben de ser perseguidas por la vía legal.

“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, menciona al respecto el INE.


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