Morena comienza a resentir el impacto de las acusaciones provenientes de Estados Unidos que vinculan a varios de sus integrantes con cárteles del narcotráfico, un escenario adverso que se suma al abierto rechazo ciudadano que han enfrentado algunos de sus militantes. En tan solo una semana, se acumularon múltiples hechos que ilustran la gravedad de esta situación.
El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financió campañas políticas a través del llamado «huachicol fiscal», y afirmó que el robo de combustible ya representa el segundo ingreso más importante para las organizaciones criminales. En paralelo, trascendió que las autoridades de ese país investigan a Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, por presuntos nexos con La Barredora, un brazo operativo del mismo cártel. Por su parte, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a miembros de Cárteles Unidos en Michoacán, entidad cuyo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, también se encuentra bajo investigación.
En el ámbito judicial y financiero, los golpes informativos no han cesado. El portal Pie de Nota, del periodista Luis Chaparro, confirmó que el FBI ingresó a territorio nacional para detener y trasladar a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada. Asimismo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el gobernador Rubén Rocha Moya transfirió recursos públicos a una empresa dedicada al contrabando de combustible.
La crisis de legalidad alcanza a funcionarios de distintos niveles. En el Estado de México, un subsecretario de Gobierno fue detenido por sus presuntos vínculos con el crimen organizado; en Nuevo León, el gerente de una sucursal del Banco del Bienestar fue arrestado por un desfalco cometido para ocultar faltantes financieros; y en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Vicente Francisco Aldape Moncada, tesorero del gobierno morenista de Tulum, fue capturado por posesión de armas de fuego sin la licencia correspondiente. A esta lista se suma la detención en San Pedro Garza García de Tania Flores Guerra, exdiputada local de Morena, acusada de desvío de recursos públicos y abuso de autoridad durante su gestión municipal en Múzquiz, Coahuila.
El descrédito también se ventila en el plano internacional y en las calles. El diario británico The Guardian publicó un reportaje cuya tesis central cuestiona cómo un país sumido en una crisis humanitaria de desaparecidos puede organizar un Mundial de fútbol. La desconexión con la ciudadanía se hizo evidente cuando el diputado y exgobernador Cuauhtémoc Blanco fue increpado por aficionados antes del partido entre México e Inglaterra al grito de: «¡Blanco asesino, Samir vive!». En el sur de Veracruz, el dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta fue expulsado de la comunidad de Tatahuicapan por los propios habitantes, mientras que la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez quedó expuesta en un audio donde presuntamente planeaba fabricar una denuncia de abuso sexual contra un compañero de bancada.
La narrativa de austeridad del partido oficialista tropieza constantemente con la realidad de sus figuras. Santiago Nieto fue captado viajando por Europa tras justificar su ausencia en un evento partidista bajo el argumento de la moderación republicana. De igual forma, José Ramón López Beltrán volvió a ser el centro de la polémica al difundirse fotografías de su estancia en Disney World; la opinión pública cuestiona la frecuencia con la que aparece en hoteles y tiendas de lujo en contraste con la nula información sobre su actividad laboral.
Frente a las críticas a la oposición, los liderazgos de Morena exhiben contradicciones numéricas y discursivas. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al nuevo partido Somos México acusándolo de impulsar a figuras del «viejo régimen» debido a su edad; sin embargo, el dirigente de dicha fuerza, Guadalupe Acosta Naranjo, tiene 62 años, dos menos que la propia mandataria, quien cuenta con 64. Además, el descontento social la acompaña en sus giras oficiales: en Morelia, los ciudadanos le exigieron corregir sus errores, en un contexto donde la encuesta de Bloomberg/Atlas Inteligence ubica su popularidad por debajo del 50 %.
Como estrategia de contención, el partido recurrió a René Bejarano —personaje central de los videoescándalos de corrupción con el empresario Carlos Ahumada— para asegurar que la organización no mantiene nexos con la delincuencia organizada, argumentando la ausencia de pruebas o procesos judiciales formales.
Finalmente, en su afán por capitalizar políticamente figuras de la cultura popular como el pato Merlín y los logros de la Selección Mexicana de fútbol, el oficialismo solo ha cosechado críticas ante tragedias que dejaron un saldo de cinco muertos en Cabo San Lucas y la Ciudad de México. Resulta evidente que, de haber ocurrido estos hechos bajo administraciones de otros partidos, las cúpulas actuales habrían encabezado las protestas exigiendo la responsabilidad directa del Poder Ejecutivo.
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