René Bejarano, el hombre que ocho meses vivió preso por recibir sobornos de Carlos Ahumada en 2004, salió esta semana a defender a Morena de las acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Su argumento central: no existen pruebas ni procesos judiciales que acrediten esa relación, y cualquier señalamiento debe resolverse mediante debido proceso legal. La declaración, sin embargo, omite un dato que resulta difícil de ignorar para cualquier analista político: el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene actualmente investigaciones y procesos judiciales abiertos que involucran a figuras vinculadas a Morena, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El contraste que genera la polémica
La ironía biográfica es evidente: quien pide pruebas y procesos judiciales fue precisamente absuelto en 2005 «por razones no jurídicas», según consta en los registros de aquel caso, después de haber sido captado en video recibiendo dinero en efectivo. Esa historia personal no invalida automáticamente su argumento actual —la ausencia de sentencia no equivale a inocencia, pero tampoco a culpabilidad—, pero sí coloca su defensa en un terreno de contradicción que merece ser señalado con rigor periodístico, no como ataque personal sino como parte legítima del análisis.
La segunda omisión: el sistema judicial estadounidense
Bejarano sostiene que cualquier señalamiento debe resolverse «conforme a la ley y con debido proceso». El planteamiento es correcto en abstracto, pero olvida una diferencia estructural relevante: el sistema judicial de Estados Unidos opera con un Poder Judicial que conserva independencia institucional frente al Ejecutivo, mientras que en México el debate sobre la autonomía del Poder Judicial ha sido precisamente uno de los ejes de mayor tensión política desde la reforma judicial de 2024, con jueces electos por voto popular y cuestionamientos persistentes sobre su independencia frente al partido en el poder. Invocar el «debido proceso» mexicano y el estadounidense como equivalentes ignora esa asimetría.
Las voces en disputa
Para la oposición —PAN, PRI y Somos México—, las investigaciones estadounidenses contra gobernadores y legisladores morenistas constituyen evidencia de una connivencia sistémica entre el partido gobernante y estructuras criminales, particularmente en casos como el financiamiento vía huachicol atribuido al CJNG. Para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, estos señalamientos forman parte de una campaña impulsada por sectores de la ultraderecha estadounidense con fines electorales, tanto para los comicios de noviembre en Estados Unidos como para 2027 en México. Ambas posturas contienen elementos verificables y elementos de estrategia política, y ninguna agota por sí sola la explicación del fenómeno.
Lo que está en juego
El asunto trasciende la figura de Bejarano. Se trata de la calidad del debate público mexicano, donde las defensas institucionales tienden a construirse sobre la ausencia de sentencias firmes, sin abordar la existencia de investigaciones activas, carpetas abiertas y señalamientos documentados por autoridades extranjeras. La pregunta de fondo no es si existe una sentencia —hoy no la hay— sino si el estándar de «esperar el proceso» se aplica de manera consistente o solo quisiera aplicarse cuando conviene políticamente.
Este informe no busca prejuzgar la culpabilidad de ningún funcionario, sino documentar las inconsistencias del argumento público y las asimetrías institucionales entre ambos países, dejando al lector los elementos para su propio juicio.
