Dos escenografías convivieron el 11 de junio en la Ciudad de México. Adentro del Estadio Ciudad de México, la fiesta inaugural del Mundial 2026 desataba júbilo por el triunfo de la selección nacional; afuera, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas levantaban fotografías de sus seres queridos y repetían una consigna que contrastaba con el ambiente festivo: «México, campeón en desapariciones». La frase, coreada mientras las autoridades intentaban repeler las manifestaciones en las inmediaciones del recinto, resumió en unas cuantas palabras la tensión entre la vitrina deportiva que el gobierno buscaba proyectar al mundo y una crisis humanitaria que ningún marcador logra ocultar.
Según cifras oficiales, en México hay registradas más de 130 mil personas desaparecidas, un número que ha aumentado de forma constante en las últimas dos décadas conforme se expandió la delincuencia organizada y se intensificó la guerra contra el narcotráfico. El fenómeno no es exclusivo de la capital: a pocos kilómetros del Estadio Akron en Guadalajara, colectivos de familiares han documentado el hallazgo de más de 500 bolsas con restos humanos en distintas fosas clandestinas ubicadas dentro de un radio de apenas 15 kilómetros alrededor del recinto mundialista. Las protestas evocaron además casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición en 2014 sigue sin esclarecerse por completo.
El reclamo de las familias
Para los colectivos, el Mundial representó una oportunidad y, a la vez, una afrenta. Familiares provenientes de distintos estados afirmaron que aprovecharían la atención internacional concentrada en México para visibilizar la tragedia de las desapariciones y la impunidad que, aseguran, persiste en el país, y cuestionaron por qué debían seguir saliendo a las calles si el gobierno asegura que atiende el problema. Una de las buscadoras, con años recorriendo el país en busca de su hermana, resumió la indignación de muchas: todo el dinero invertido en embellecer la ciudad para el torneo debería destinarse a la localización de personas desaparecidas.
La respuesta oficial: reforma y sospecha
El gobierno federal ha sostenido una posición dual. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto reformas para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas y establecer una distinción jurídica más clara entre secuestro y desaparición, insistiendo en que es obligación del Estado brindar apoyo a las familias. Por otro, la mandataria y su secretaria de Gobernación insinuaron que las movilizaciones respondían a intereses ajenos a la causa: Sheinbaum sugirió sin pruebas que grupos de «ultraderecha» financiaban e incitaban tanto a la CNTE como a otros colectivos inconformes, señalando que la intención era proyectar una imagen de caos durante el evento internacional. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció además una investigación sobre el financiamiento de los autobuses que trasladaron a familias buscadoras de Jalisco hasta la capital, con el fin de determinar si existía alguna intención ajena a la búsqueda de justicia.
Los colectivos respondieron con dureza: desviar el debate hacia el financiamiento de los autobuses, en lugar de reconocer la crisis de más de 134 mil desapariciones, calificaron de una estrategia que deslegitima la lucha de miles de familias, y advirtieron que un señalamiento gubernamental de esa naturaleza no es retórico, sino una forma de represalia que incrementa el riesgo para su seguridad.
Represión en las calles, gala en el castillo
El contraste no se limitó al discurso. Durante la protesta se registraron detenciones y momentos de tensión, con forcejeos entre manifestantes y policías, mientras las madres buscadoras llamaban con megáfonos a mantener el orden. Analistas críticos han señalado que, la noche previa a la inauguración, la élite política celebró una cena de gala en el Castillo de Chapultepec con miles de invitados, mientras en las calles las familias buscadoras se enfrentaban a cuerpos policiales -un contraste que, para sus críticos, ilustra una desconexión entre el aparato festivo del Estado y el reclamo social. La escena recordó un precedente histórico: en 1977, durante el Mundial de Argentina bajo la dictadura militar, las Madres de Plaza de Mayo aprovecharon la llegada de periodistas extranjeros para denunciar ante cámaras internacionales la desaparición de sus hijos.
Un problema sin bandera partidista
Organismos internacionales han insistido en que la crisis trasciende cualquier gobierno en turno: la policía sigue reprimiendo las protestas y la tortura continúa siendo una práctica generalizada, mientras las autoridades no reconocen plenamente la labor de las mujeres buscadoras pese a las recomendaciones de organismos internacionales. El debate, entonces, no se reduce a si el gobierno actual miente o exagera sus logros, sino a una pregunta de fondo que ningún marcador deportivo puede resolver: si la vitrina mundialista servirá para amplificar la exigencia de justicia de miles de familias, o si, una vez apagados los reflectores, la responsabilidad institucional volverá a quedar pendiente.
