El choque entre el gobierno federal y los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas durante la inauguración del Mundial 2026 abrió uno de los debates políticos más incómodos de la semana: ¿puede el Estado cuestionar el financiamiento de quienes le exigen que haga su trabajo?
El detonador fue una declaración de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el 11 de junio, en plena mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez informó que se investigaría la presunta financiación a personas provenientes de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México, donde llevarían a cabo movilizaciones el día de la inauguración del Mundial. La presidenta respaldó la indagatoria señalando que se había detectado la presencia significativa de contingentes provenientes de ese estado. Al día siguiente, matizó sus palabras: aclaró que la investigación no era de carácter «policiaco o criminal», sino del propio trabajo de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
La respuesta de los colectivos fue contundente. Virginia Ponce Rodríguez, madre buscadora, le envió un mensaje directo a la mandataria: «Le pido que no deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX». Otras integrantes explicaron la lógica de su autogestión con crudeza: «Somos padres, madres, hijos, hermanas que tenemos nuestros colectivos autogestivos, hacemos rifas, vendemos cosas, hasta la misma alma le empeñamos al diablo para poder venir a este tipo de eventos, porque teníamos que reaccionar ante un evento mundial para visibilizar a nuestros seres queridos desaparecidos», declaró Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, quien además denunció amenazas de muerte recibidas el 12 de junio, horas después de ofrecer una entrevista en Aristegui Noticias.
El trasfondo es una crisis que no admite eufemismos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a marzo de 2026 había más de 132 mil personas desaparecidas en México, y solo en los primeros 15 meses del gobierno actual el registro aumentó en cerca de 18 mil casos. Frente a esas cifras, la pregunta que formulan los colectivos es política y moral a la vez: ¿por qué el gobierno investiga cómo llegaron las madres a la marcha y no quién se llevó a sus hijos?
La respuesta institucional no convenció a los organismos especializados. Organizaciones como DATACIVICA, Fundar, Red TDT y Luz de Esperanza denunciaron que entre el 4 y el 11 de junio las autoridades respondieron a las protestas pacíficas con una presencia desproporcionada de elementos policiales, encapsulamientos y citatorios judiciales. Más aún, Fundar señaló que insinuar que la movilización de las familias buscadoras tenía «intenciones ajenas» a la búsqueda de justicia constituye un acto de estigmatización pública que deslegitima el derecho a la protesta y representa un riesgo para su seguridad.
Desde la academia, la lectura es igualmente crítica. Una especialista de la Universidad Iberoamericana señaló que «la intención no fue propiamente cuidar, sino contener y reprimir», dado que hubo una marcada desproporción entre los elementos de seguridad desplegados y la cantidad de personas que se manifestaban pacíficamente.
El gobierno, por su parte, sostiene que la solidaridad con las buscadoras es genuina y que la indagatoria sobre el financiamiento no tiene carácter punitivo. No obstante, hasta el momento la Secretaría de Gobernación no ha presentado ninguna prueba concreta sobre el supuesto financiamiento externo, ni ha informado de avances en las investigaciones sobre los responsables de las desapariciones.
El nudo político es este: un gobierno que se proclama defensor de los derechos humanos y reivindica la memoria histórica terminó, en los días del mayor escaparate internacional del país, cuestionando la legitimidad de quienes buscan a sus muertos con recursos de rifa. La imagen que quedó —madres bloqueadas por granaderos mientras el estadio se llenaba de celebración— es, en sí misma, un argumento que ninguna aclaración posterior ha podido desactivar del todo.
