La de la Línea 12 del Metro es una catástrofe de la ingeniería civil en colusión con una pobre administración pública, como pocas se han visto en el mundo.
El desplome de la también llamada Línea Dorada, que tuvo un saldo de 26 personas muertas e incalculables daños patrimoniales, pudo haber sido prevenido, pero la falta de voluntad política de Claudia Sheinbaum apunta a que los errores en el diseño y en la construcción sea subsanada a billetazos. Es decir, indemnizando a familiares de las víctimas, en vez de castigo a los responsables.
Las investigaciones encabezadas por el Gobierno de la Ciudad de México para el supuesto deslinde de responsabilidades han sido, desde un inicio, parciales, comprometidas y, por decir lo menos, poco transparentes.
Habían transcurrido apenas un par de meses desde la tragedia, cuando el New York Times publicó un artículo en el cual aseguraba que el colapso se debió a graves fallas en la construcción, durante la administración de Marcelo Ebrard. En el texto se habla de miles de fotos, análisis de ingenieros, registros gubernamentales y trabajadores de la obra.
Desde un inicio, la mayoría, si no es que todos los análisis, ya apuntaban a la deficiente construcción, más allá del también pobre mantenimiento. Se habla particularmente de los ahora famosísimos pernos mal colocados, lo cual es ahora confirmado por la propia Fiscalía General de la CDMX como parte de sus investigaciones.
Lo curioso del caso han sido las filtraciones, como suele ocurrir en una guerra política. Desde la primera publicación del NYT ya se apuntaba a la pésima instalación de los pernos. Pero el mismo gobierno que hoy lo reconoce, en aquel momento lo negó. Aseguraron que nadie tenía acceso a la zona cero del accidente, por lo que eras especulaciones, acompañadas de filtraciones, con el propósito de sacar raja política. Ya saben, el argumento de siempre.
Las deficiencias en la construcción de ninguna manera eximen a quienes debieron darle el adecuado mantenimiento. Desde el 2019 se identificó que la Línea 12 del Metro presentaba fallas, las mismas que eran imposibles pasar inadvertidas en un buen ejercicio de mantenimiento. Fue una clara omisión de la administración de Miguel Ángel Mancera y, por supuesto, de Claudia Sheinbaum.
Entre tanto, los más afectados: las víctimas y sus familiares, son testigos de la más burda escenificación de la hipocresía política. Por un lado, Sheinbaum tratando de sacudirse una responsabilidad que apunta a su contrincante en las aspiraciones del 2024, Marcelo Ebrard. Por el otro, la incapacidad de aplicar la ley para seguir siendo la “corcholata” preferida de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, para evitar la exhibición pública a los medios, la jefa de Gobierno se fue a resguardar a Guerrero para la toma de protesta de Evelyn Salgado, momento en que la FGJ aprovechó para publicar el dictamen de la Línea 12, incluso renunció al anhelado anuncio de que la CDMX pasa a semáforo verde por la pandemia, casual.
En este montaje, la jefa de Gobierno le apunta a que la única justicia alcanzable será la compra del silencio de las víctimas. Liberar recursos públicos para comprar el dolor de la pérdida de un familiar. Sheinbaum le apunta a poner costo monetario a la vida humana y ese costo se le va a cargar en sus incipientes aspiraciones presidenciales.
Sin embargo, sin un solo político en la cárcel o inhabilitado, cualquier desenlace de las investigaciones será equivalente a cero.
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