Si hay un tema en que el Estado tiene la obligación prioritaria es la Seguridad Pública. No sólo tiene el monopolio de la fuerza legítima (Max Weber dixit), también es una de las demandas ciudadanas más sentidas. Fue precisamente la búsqueda de seguridad la que provocó el crecimiento de pueblos y ciudades. Durante siglos las ciudades estaban dentro o alrededor de castillos para garantizar la seguridad de los vecinos quienes aceptaban pagar impuestos en retribución a ello.
En México la Constitución que nos rige habla que la Seguridad Pública deben ofrecerla instituciones de carácter civil, las que deben regirse por principios de legalidad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. En un Estado de Derecho todos los niveles de gobierno deben atender la seguridad en forma prioritaria.
Pero en México tenemos otros datos y nos movemos en diferente dirección. Los Derechos Humanos dependen de la voluntad de un sólo individuo, y la Seguridad Pública no la atienden civiles sino militares. Además del incumplimiento constitucional, los militares tampoco se rigen por los principios mencionados. No cuidan el respeto a los Derechos Humanos ni a la legalidad de sus acciones y métodos; sin intentar siquiera buscar la eficiencia (prefieren la lealtad), desechando los principios constitucionales, incluyendo la honradez.
La absurda política de ‘abrazos, no balazos’ frente a los cárteles del crimen organizado ha permitido que éstos dominen amplias zonas del país, y peor aún, que contribuyan al incremento de los homicidios. Durante este sexenio esta terrible cifra ha crecido tanto que en cuatro años ya sobrepasó el total alcanzado en cualquier sexenio anterior.
El macabro resultado no sólo es por esa política, contribuye también la lenidad de burócratas, de policías y de actores políticos. Parte por haber sido comprados por el crimen organizado y parte por la indolencia infundida desde la cúspide del poder.
Para hacer aún más grave la incuria oficial, se hace público que el ejército utiliza el programa de espionaje Pegasus, tan vilipendiado por el actual inquilino de Palacio cuando era candidato. Pero en vez de usarlo para espiar a los cárteles criminales, se usó para espiar a defensores de Derechos Humanos, y para agravar más la herida, esa acción fue defendida enérgicamente por quien está obligado a cuidar la Seguridad Pública del país.
Quizá para desviar la atención de sus fallos, el inquilino de Palacio promocionó el juicio a quien fuera el responsable de la Seguridad Pública hace más de 10 años. Un juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos, en el que México salió muy raspado (incluyendo el actual gobierno). A pesar de que no presentarse documentación alguna se dictaminó sólo en base a declaraciones hechas por criminales extraditados. Éstos, detenidos durante el encargo del sentenciado, hicieron comentarios poco confiables, y sobre todo sin aportar pruebas.
Curiosamente, quien ha manifestado su devoción por al menos a uno de los cárteles del crimen organizado es el propio inquilino de Palacio. Ha hecho numerosos viajes a la zona controlada por el ahora llamado “cártel del Pacífico”, intentando disociarlo del estado de Sinaloa, para saludar y convivir con familiares de narcos. Varios reportajes y fotos trascendieron a los medios, y esas sí serían pruebas válidas en un juicio en cualquier país.
Para mayor prueba, cuando hace poco más de 3 años se detuvo al hijo de un conocido integrante de ese cártel, el propio inquilino de Palacio ordenó su liberación a pesar de orden de arresto internacional. Aunque esa persona fue nuevamente arrestada hace dos meses, la orden para hacerlo no provino de Presidencia, incluso le causó disgusto. ¿Quieren más pruebas de su involucramiento?
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