El Giro Pragmático en la Administración Federal
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tlaxcala, al reconocer que el Estado carece de la omnipotencia necesaria para gestionar el desarrollo nacional sin el concurso de la iniciativa privada, marca un punto de ruptura con la retórica de autosuficiencia gubernamental precedente. Este movimiento, que identificamos como un giro hacia la coordinación estratégica, no debe leerse como una claudicación ideológica, sino como una respuesta necesaria a la fricción generada por el bajo crecimiento económico y el retraimiento de la inversión productiva que caracterizaron el periodo de transición.
Desde la perspectiva de la sociología política, el análisis de coyuntura nos revela una contradicción fundamental: el intento de garantizar derechos sociales universales —salud, educación y vivienda— colisiona con la realidad de un aparato estatal cuya capacidad de ejecución ha sido erosionada por la desconfianza hacia los sectores productivos. La hegemonía política, entendida no solo como dominación sino como la capacidad de articular intereses diversos, exige hoy que el bloque en el poder abandone el solipsismo administrativo para abrazar una gobernanza de corresponsabilidad.
Sin embargo, este acercamiento a la iniciativa privada enfrenta un obstáculo estructural: el debilitamiento de la certeza jurídica. Un sistema de partidos que prioriza la voluntad política sobre la rigidez de la norma genera un entorno de riesgo que desincentiva la capitalización a largo plazo. Para que la coordinación mencionada en Tlaxcala trascienda el nivel del discurso y se convierta en motor económico, resulta imperativo el restablecimiento de una rendición de cuentas efectiva y una protección irrestricta al Estado de derecho.
En conclusión, la administración federal se encuentra ante la paradoja de necesitar al mercado para salvar el proyecto del Estado. La viabilidad del modelo actual no dependerá de la acumulación de poder centralizado, sino de su capacidad para generar sinergias con los actores económicos, garantizando un marco legal que transforme la desconfianza en inversión tangible y estable.
