Mucho se ha comentado del cúmulo de pendientes que dejó el Congreso al clausurar el periodo de sesiones la semana pasada, muy señaladamente, el Sistema Nacional Anticorrupción con la Ley 3de3 propuesta por ciudadanos. Como suele suceder, tantos pendientes han hecho pasar a segundo término la aprobación de una de las leyes que más influirá en la calidad de nuestra democracia en los próximos años: me refiero a la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada hace un par de semanas.
La cultura de la transparencia ha llegado a México como un nuevo elemento que facilita la relación entre Estado y sociedad. Esta década hemos tenido avances significativos en la materia, parece fácil, pero abrir el gobierno al escrutinio de los ciudadanos supuso un cambio cultural. Tengo la convicción de que un Estado fuerte es aquel en el que los gobiernos y las instituciones no tienen nada que ocultar y que responden con claridad a los ciudadanos. La rendición de cuentas es hoy en día una obligación legal y el acceso a la información, un derecho que tienen todos los mexicanos. Por eso, es impostergable llevar la cultura de la transparencia a todo el país, a cada rincón de la administración pública.
Concebir el México democrático como un Estado fuerte requiere también que sigamos fomentando los canales de participación ciudadana. El gobierno no podrá mejorar la calidad de las políticas públicas sin la acción de los ciudadanos. La máxima tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario, nos recuerda que la actividad gubernamental tiene como finalidad el desarrollo personal y colectivo de los habitantes. Hoy, la transparencia y la rendición de cuentas son una columna central en la edificación de nuestra democracia.
El acceso a la información asegura a los gobiernos una legitimidad que genera confianza. Debemos reconocer que aún quedan espacios de opacidad, en los que la discrecionalidad y la corrupción en el manejo de los recursos públicos siguen representando, al final del día, grandes hoyos en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos; por ahí se fugan nuestras oportunidades de un mejor bienestar para todos. Estoy cierto que la claridad y las prácticas de buen gobierno son encomiendas que deben de cumplir todos los funcionarios públicos, en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno. Avanzar en esta dirección, sin duda redundará en un Estado mexicano más fuerte, más vigoroso y más eficaz.
Sería imposible referirme en este espacio a cada uno de los avances que contiene la nueva ley, pero menciono algunos de los que considero más relevantes: Son sujetos obligados las cámaras de Diputados y Senadores, los poderes Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Se establecen obligaciones en materia de Gobierno Abierto para que sea obligatorio conducirse en forma transparente y permitir la participación de los ciudadanos. Los sujetos obligados deberán contar con Comités de Transparencia encargados de vigilar el cumplimiento de la ley. Cualquier persona podrá denunciar ante el Inai las violaciones a las disposiciones de la ley.
La transparencia plena y efectiva es, a final de cuentas, un igualador social; un ejercicio que contribuye a emparejar el terreno para todos los ciudadanos en la búsqueda de bienestar y desarrollo. La transparencia contribuye a dar más poder al ciudadano y mayor capacidad para determinar el destino de la vida pública. Con la aplicación estricta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no tengo la menor duda, podremos hacer de la transparencia un distintivo efectivo de la democracia mexicana del siglo XXI.
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