Ojalá que los legisladores concreten acuerdos que doten al país de un mejor marco jurídico para enfrentar a la corrupción
Cuando a finales de la pasada legislatura se aprobó la reforma constitucional para dar cabida al llamado Sistema Nacional Anticorrupción, escribí en estas mismas páginas que se abría una oportunidad de oro para iniciar un proceso de cambios fundamentales para la sociedad mexicana. Sigo pensando lo mismo. Veo con preocupación que el tiempo avanza y, a más de un año de distancia, sigue sin aprobarse la legislación secundaria, que es la que finalmente dará vida a esta importante reforma. La legislación secundaria debe de quedar aprobada a más tardar el próximo 28 de mayo, así se estableció en la Constitución. El Congreso está obligado a cumplir el mandato constitucional.
La corrupción es un mal que ha ido desgastando poco a poco nuestro régimen institucional. No respeta órdenes de gobierno ni división de Poderes; no distingue tampoco colores partidistas. En la mayoría de las encuestas, la corrupción aparece, junto con la inseguridad, como el principal problema de México. Para hacerle frente, requerimos de una estrategia integral y de largo plazo. Necesitamos dejar de pensar sólo en los casos particulares, de personas o de partidos, y aceptar que el problema es de todos, sociedad y gobierno, y sólo con acciones decididas es que erradicaremos su presencia en nuestra democracia. El combate a la corrupción debe de ser de manera frontal, sin miramientos y sin reserva alguna, y para ello se necesitan las mejores herramientas.
Las reformas contenidas en el Sistema Nacional Anticorrupción buscan dos cosas fundamentales: primero, que aquellos que incurran en actos de corrupción sean castigados con severidad; y segundo, que el marco regulatorio que exista sea lo suficientemente transparente, como para inhibir el desarrollo de prácticas dudosas por parte de los servidores públicos.
El sistema, como ha quedado plasmado en el texto constitucional, tiene avances muy importantes; destaco algunos de ellos: combate la corrupción en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno, obligando a la coordinación entre todas las autoridades competentes; fortalece a la Auditoría Superior de la Federación con nuevas facultades para revisar en tiempo real el ejercicio del gasto público; crea una instancia judicial independiente, el Tribunal de Justicia Administrativa, con amplias capacidades de sanción a servidores públicos y, por primera vez, también a particulares. Además, establece un órgano autónomo, con la facultad de investigar y procurar el castigo a la corrupción, así como de ejercer en forma directa acción penal, con competencia en los tres órdenes de gobierno.
Por ello se vuelve tan importante la legislación secundaria. No se debe dar marcha atrás en lo conseguido en la reforma constitucional. Se han presentado iniciativas por parte del Ejecutivo y, también por legisladores de todos los partidos políticos. Recientemente se ha sumado a la discusión una importante iniciativa de la sociedad conocida como la Ley 3de3, que tiene un amplio respaldo ciudadano. Qué importante es que la sociedad se organice en contra de ese flagelo que es la corrupción.
Habrá que estar muy atentos a la labor de las Cámaras en las próximas semanas. Hago votos por que nuestros legisladores puedan concretar acuerdos que doten a nuestro país de un mejor marco jurídico para enfrentar este problema. Es una oportunidad que tenemos como país de construir mejores herramientas que nos permitan abatir las prácticas de corrupción, y de exigir trasparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes.
La corrupción es un fenómeno mundial. Constituye un riesgo para el ejercicio de buen gobierno, obstruye el crecimiento económico, mina nuestras instituciones y atenta contra nuestra democracia. Sólo mediante el esfuerzo conjunto entre los Poderes de la Unión y los representantes de la sociedad, es como lograremos mejoras significativas a nuestro marco regulatorio.
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