Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, declaró que la Administración Trump considera la elección de jueces en México como un asunto de preocupación que ha sido transmitido en múltiples ocasiones al Gobierno mexicano. Paralelamente, empresas estadounidenses han expresado públicamente su inquietud por el estado de derecho en el país y han calificado la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una forma de terrorismo fiscal. Estas afirmaciones han reavivado tensiones bilaterales y han colocado en el centro del debate la autonomía judicial y la política tributaria mexicana.
La postura estadounidense se centra en la percepción de riesgos para la estabilidad institucional. Según Kozak, la elección popular de jueces podría comprometer la independencia del Poder Judicial, lo que afectaría la certeza jurídica necesaria para las inversiones. Las empresas norteamericanas, por su parte, han advertido que prácticas fiscales agresivas del SAT generan un clima de incertidumbre que desincentiva la llegada de capital extranjero. Esta visión se sustenta en reportes de cámaras empresariales que documentan casos de revisiones fiscales prolongadas y multas elevadas, interpretadas como mecanismos de presión más que de cumplimiento normativo.
Desde la perspectiva mexicana, las críticas son vistas por algunos sectores como una injerencia indebida en asuntos internos. Defensores de la reforma judicial argumentan que la elección de jueces fortalece la democracia al acercar la impartición de justicia a la voluntad popular y reduce influencias externas o corporativas en los tribunales. En cuanto al SAT, autoridades fiscales defienden sus acciones como instrumentos legítimos para combatir la evasión y garantizar que las grandes empresas contribuyan al erario, especialmente en un contexto de necesidades presupuestales. Sin embargo, opositores internos coinciden en que ciertos procedimientos han generado un ambiente de persecución que afecta no solo a inversionistas extranjeros, sino también a contribuyentes nacionales.
El cruce de posiciones ha generado indignación en diversos frentes. Sectores productivos mexicanos expresan molestia ante la posibilidad de que la desconfianza internacional derive en fuga de inversiones y pérdida de empleos. Al mismo tiempo, voces nacionalistas rechazan lo que consideran una intromisión de Washington en la soberanía del país, recordando episodios históricos de presiones externas. Analistas económicos advierten que, sin correcciones, esta percepción negativa podría traducirse en menor crecimiento, menor recaudación y mayor dependencia de otras fuentes de financiamiento. El Gobierno mexicano, hasta ahora, ha respondido con firmeza, enfatizando que las decisiones en materia judicial y fiscal son exclusivas de la nación y que el diálogo bilateral debe respetar esta premisa.
El caso ilustra un dilema recurrente en las relaciones México-Estados Unidos: el equilibrio entre soberanía y confianza mutua. Mientras la Administración Trump prioriza la protección de sus intereses económicos y de seguridad, el Gobierno mexicano defiende su margen de maniobra en políticas internas. La ausencia de respuestas concretas a las inquietudes expresadas por Kozak y las empresas estadounidenses mantiene abierto un frente de fricción que podría escalar si no se abordan con claridad las preocupaciones sobre el estado de derecho. El debate trasciende lo diplomático y toca directamente la viabilidad de un entorno de inversión estable en un momento clave para la economía regional.
En síntesis, las declaraciones de Kozak y las quejas empresariales exponen fisuras profundas en la percepción del estado de derecho mexicano. La polémica obliga a reflexionar sobre si las reformas internas fortalecen o debilitan la posición internacional del país y si la responsabilidad compartida entre gobiernos y sectores productivos será suficiente para restaurar la confianza erosionada.
