El ejercicio del poder contemporáneo en México parece haber transitado de la gestión de la realidad a la manufactura de una «postpolítica» basada en la anestesia de lo fáctico. Bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, se observa un patrón de fricción semántica donde la comunicación gubernamental no busca informar, sino desarticular la capacidad ciudadana de procesar la coyuntura política. Este fenómeno, que podemos denominar como la «institucionalización del perjurio oficial», se manifiesta en una secuencia de tres tiempos: la negación vehemente, la difamación del emisor y, finalmente, el reconocimiento tardío e insuficiente de la crisis.
Un ejemplo paradigmático de esta disociación se encuentra en la respuesta oficial ante eventos de naturaleza incontestable. La presencia de una funcionaria asoleándose en las ventanas de Palacio Nacional fue inicialmente catalogada como un producto de la inteligencia artificial por los aparatos de propaganda. Aquí, el análisis político nos revela que no se trata de una simple mentira, sino de un intento de «despolitizar» una falta administrativa convirtiéndola en un debate técnico sobre tecnología digital. La posterior aceptación del hecho por parte de la presidencia no repara el daño institucional; por el contrario, confirma que la primera línea de defensa del Estado es la alteración de la verdad.
Esta patología comunicacional alcanza niveles críticos en la gestión de desastres ambientales y económicos. El derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tamaulipas siguió el mismo guion: la culpa fue desplazada hacia actores externos —un buque fantasma— antes de admitir el colapso de la infraestructura de Pemex. Desde una mirada metodológica, esta resistencia a la rendición de cuentas evidencia que las instituciones de gobierno han dejado de ser sujetos constructores de realidad para convertirse en mecanismos de conservación de una estructura que se esfuerza por ocultar contradicciones incurables.
En el ámbito económico, la negación de la inflación alimentaria constituye el punto de ruptura más severo con el contrato social. Mientras los ciudadanos enfrentan el encarecimiento cotidiano en los mercados, el discurso oficial se ampara en indicadores que pretenden neutralizar la vivencia empírica. Se intenta sustituir la «coyuntura vivida» por una «coyuntura estadística» inentendible para el grueso de la población. Este distanciamiento entre el «Nosotros» (la ciudadanía) y el «Ellos» (la tecnocracia política) traza las bases de una interacción política profundamente fracturada.
La estrategia de atacar a quienes informan —periodistas, académicos y observadores— busca erradicar el análisis político crítico, reduciéndolo a una mera opinión ciudadana carente de valor metodológico. Al estigmatizar la información veraz, el Estado no solo niega los hechos, sino que intenta invalidar el «camino hacia el conocimiento» de la sociedad. Estamos ante una gobernanza que prefiere el costo del descrédito tardío al riesgo de la transparencia inmediata, una apuesta peligrosa que erosiona los cimientos de la democracia deliberativa.
