Todo hace suponer que la aprobación de las propuestas legislativas está próxima al haber sido avaladas por casi todos los grupos parlamentarios.
A éste que es el último periodo de sesiones de la LXII Legislatura, le queda apenas un mes para que concluya y son muchos los temas pendientes, pero en esta ocasión me voy a referir a dos por su trascendencia y el contexto de exigencia social que se ha generado en torno a ellos.
Tras muchos esfuerzos, el pasado 26 de febrero en el Pleno de la Cámara de Diputados se logró la mayoría calificada por la cual, a partir de una reforma constitucional se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que aunque perfectible, los especialistas han reconocido que se trata de un avance importante y ahora está en el Senado para el proceso de dictaminación correspondiente.
Por su parte, la Cámara de Senadores aprobó en su sesión del 18 de marzo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que demandó un arduo trabajo principalmente de Arely Gómez, Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas, Pablo Escudero y Alejandro Encinas para acercar posiciones y generar los consensos necesarios. Al igual que en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, organizaciones como el Colectivo por la Transparencia, Artículo 19, la Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa -que además participaron activamente en la elaboración de la iniciativa- y el propio IFAI, mostraron su satisfacción con el resultado. Actualmente la minuta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados.
Aunque en principio todo hace suponer que la aprobación de las propuestas legislativas está próxima al haber sido avaladas por casi todos los grupos parlamentarios, existen riesgos que no debemos pasar por alto, particularmente en lo que se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción que requiere de dos terceras partes de la votación así como del apoyo de cuando menos 16 congresos locales.
Como es natural, integrantes de ambas Cámaras han anunciado modificaciones a los textos aprobados por la respectiva colegisladora en cumplimiento a su función revisora, pero además del análisis técnico y del ánimo de subsanar deficiencias y realizar aportaciones que contribuyan al perfeccionamiento del marco jurídico en estas materias, es necesario que se haga una valoración política a fin de no comprometer su viabilidad.
En concreto son dos los factores que hay que considerar para evitar que estas esperadas reformas se posterguen de manera indefinida en caso de que sufran modificaciones que obliguen a regresarlas a su Cámara de origen: 1) El tiempo que es muy limitado, la atención se concentra cada vez más en las elecciones y las posiciones se alejan. 2) Las resistencias sobre todo de los gobernadores que no están dispuestos a que se transparenten y auditen los recursos que han manejado con absoluta discrecionalidad y por tanto pueden operar para boicotearlas bajo cualquier pretexto.
Por ello hay que ponderar si los ajustes propuestos ameritan correr el riesgo o se privilegia lo alcanzado en espera de otro momento para hacer las correcciones que se estimen pertinentes, en lo personal me inclino por la segunda opción pero es una decisión que está en la cancha del Congreso.
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