El espejismo de la ocupación y la deserción del Estado
El mercado laboral mexicano ha entrado en una fase de mutación estructural donde la noción misma de «empleo» ha quedado vaciada de su contenido jurídico y de protección social. El análisis frío de los datos más recientes provistos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no solo revela una desaceleración económica, sino una claudicación institucional del Estado en su función reguladora y protectora del factor trabajo. Las cifras del periodo 2025-2026 exponen una realidad dramática: de cada diez empleos creados, 9.9 pertenecen al universo de la informalidad. Esta proporción no es un indicador coyuntural; es la evidencia de una metástasis donde el sector informal ha dejado de ser un amortiguador de la crisis para convertirse en el tejido económico dominante.
La contradicción fundamental radica en el discurso gubernamental de estabilidad y crecimiento, el cual colisiona de frente con la destrucción sistemática del empleo formal. Mientras la población ocupada total muestra un incremento absoluto de 448,146 personas en el último mes evaluado, la desagregación de este flujo expone la perversidad del fenómeno: la ocupación informal absorbió a 447,538 individuos, dejando una cifra marginal, casi estadística, de apenas 608 nuevos puestos formales. El balance acumulado anual profundiza esta asimetría estructural, registrando una pérdida neta de 230,000 empleos formales frente a la expansión de 451,000 plazas informales. No estamos ante un proceso de precarización del empleo, sino ante un vaciamiento formal del mercado de trabajo.
La paradoja de la estabilidad ficticia y la erosión del pacto social
Desde la perspectiva de la sociología política, el empleo formal no es únicamente una categoría económica de adscripción impositiva o de registro estadístico; constituye el núcleo duro del pacto social y el mecanismo primordial de integración ciudadana en las democracias contemporáneas. Cuando el tejido productivo acumula 12 meses consecutivos de tasas anuales negativas en sus sectores más relevantes, la respuesta sistémica no ha sido el desempleo abierto masivo, sino la expulsión de la fuerza laboral hacia los márgenes de la desprotección.
Esta transferencia masiva hacia la informalidad opera como un mecanismo de «anestesia social» o postpolítica, en términos de los debates teóricos sobre la exclusión institucional. Al diluirse la frontera entre el desempleo y la supervivencia autónoma, el conflicto político inmediato se mitiga en la superficie, pero erosiona subterráneamente las bases de la comunidad política. La gravedad de que el empleo formal retroceda mientras la ocupación general se expande artificialmente reside en la pulverización de los vínculos de certidumbre. El ciudadano informal es un individuo despojado de los derechos consagrados en el andamiaje institucional; carece de seguridad social, fondos de retiro, mecanismos de negociación colectiva y canales formales de rendición de cuentas.
La contradicción discursiva se vuelve insostenible para una audiencia universitaria y analítica: el Estado celebra la contención de las tasas de desocupación abierta mientras abdica del control sobre la calidad y legalidad de las relaciones laborales. La economía informal no paga impuestos directos, no genera cotizaciones para los sistemas de salud pública y perpetúa una estructura de baja productividad que condena al país al estancamiento de largo plazo.
El Estado abdicante frente a la hegemonía de la precariedad
Siguiendo las claves analíticas de la teoría del discurso y la hegemonía, la configuración actual del mercado de trabajo en México representa una mutación en la correlación sedimentada de fuerzas dentro del Estado. Las instituciones laborales y de seguridad social ya no operan como espacios de mediación e integración de demandas subalternas, sino como estructuras esclerosadas incapaces de contener el empuje de una economía informal que dicta sus propias reglas de subsistencia.
La hegemonía del trabajo precario altera de raíz la constitución de las identidades políticas. El trabajador informal, atomizado y desvinculado de las estructuras sindicales tradicionales, no se concibe a sí mismo desde la identidad del «proletariado organizado» o del «empleado corporativo». Sus demandas frente al orden público son fragmentadas, inmediatas y corporativizadas fuera de los cauces institucionales. Esto genera un escenario de alta volatilidad política y fragmentación del espacio público, donde la noción de interés general se disuelve ante las dinámicas de supervivencia individual o gremial de los sectores excluidos de la formalidad.
El verdadero riesgo para la gobernabilidad democrática radica en que el vaciamiento del empleo formal consolida un régimen socioeconómico de exclusión permanente. Si el mercado de trabajo formal es incapaz de absorber el crecimiento demográfico y, por el contrario, expulsa a la fuerza de trabajo previamente regulada, las promesas de equidad, movilidad social y justicia distributiva se transforman en significantes flotantes, vaciados de cualquier viabilidad material. La metástasis de la informalidad laboral en México no es una anomalía transitoria del modelo de desarrollo; es la manifestación empírica de un Estado social que se retira de la ordenación jurídica de su población, delegando en la precariedad la gestión de la paz social.
