La madrugada del miércoles 15 de junio el Senado de la República votó la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos mejor conocida como Ley 3de3. Fue la madrugada en la que mayor visibilidad tuvieron las distintas visiones que sobre la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales hubo a lo largo de los meses que duró el proceso legislativo, a saber, una que buscaba la máxima publicidad y otra que, sin negarse totalmente, siempre mantuvo sus reservas. Después de semanas de diálogos entre sociedad civil y legisladores no fue posible llegar a una posición de consenso y prevaleció la visión que consiguió más votos.
Por la mañana, decenas de notas y opiniones en los medios consignaban una derrota de la Ley 3de3 y, de paso, la inutilidad de todos los demás instrumentos anticorrupción que siempre fueron coro de acompañamiento. Personalidades clave del proceso como Mauricio Merino, Eduardo Bohórquez y María Amparo Casar han intentado estos días explicar que si bien era preferible establecer de una vez en la ley la información que de las declaraciones patrimoniales y de intereses será pública de acuerdo con los formatos utilizados por más de 700 servidores públicos y candidatos en la plataforma www.tresdetres.mx, el hecho de que no se haya logrado no representa un fracaso para la ley que la contiene, ni mucho menos que toda la reforma de combate a la corrupción sea una nulidad. Nada más falso.
Lo que es un hecho es que por primera vez el patrimonio de los servidores públicos y sus intereses SERÁN PÚBLICOS y el nivel de detalle de esta información lo propondrán los ciudadanos que serán parte del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción). Eso es un logro como también lo son los otros elementos de la reforma que harán que por primera vez México cuente con políticas e instituciones articuladas en este campo. La característica principal del SNA, además de la capacidad de articulación, es la ciudadanización. Desde la creación del Instituto Federal Electoral, no se había depositado una tarea tan relevante para la sociedad en manos de los ciudadanos, ya que quien encabece los esfuerzos anticorrupción no será un funcionario que pueda solapar a los de su gremio, será un ciudadano. Además, un potente comité de participación ciudadana servirá como contrapeso a las instituciones gubernamentales que integran el SNA.
Éste establecerá una política nacional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción tanto en el ámbito administrativo como penal y producirá instrumentos de medición de la corrupción y mecanismos de evaluación de las políticas para su mejora continua, además de que generará inteligencia institucional para eliminar las causas originarias de la corrupción. Se sancionará y exhibirá a funcionarios, particulares y empresas corruptas; se promoverán políticas de integridad y la adopción de códigos de ética; los jefes ya no designarán a quienes tienen la función de vigilarlos, sino de nuevo lo hará la Secretaría de la Función Pública y quien sancionará faltas graves será un tribunal independiente. La Auditoría Superior de la Federación podrá supervisar que el dinero público sea bien utilizado y ningún peso público quedará fuera de esa supervisión; los resultados de sus informes dejarán de servir sólo para llenar las páginas de los periódicos y podrá investigar y denunciar penalmente. Tendremos mejores tipos penales y una Fiscalía Anticorrupción más fuerte y autónoma. Si todo esto no es un logro, entonces no sé qué sea. Por supuesto, habrá que esperar resultados pero, por lo pronto, el SNA necesita sobrevivir al supuesto fracaso de la 3de3 y tomar el lugar que le corresponde en la historia institucional de nuestro país.
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