Lo que en Londres se hará en 20 años, en México se pretende hacer en dos años.
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó así de seco el anuncio que representa un enorme reto de gobernabilidad y operación política y que, por el contrario, puede terminar de colapsar una administración endeble, la cual ha tenido como sello característico las políticas públicas mal diseñadas y aplicadas.
Sin embargo, maticemos. Una urbe sin transporte público es impensable. Imposible no contar con una red de transporte que movilice a los millones de usuarios, es decir, en el plan del gobierno, los microbuses no van a desaparecer: van a evolucionar a un nuevo modelo, sustentable, óptimo y suficiente.
La idea suena ambiciosa, no obstante el acento de déjà vu va implícito, pues ése ha sido el anhelo de pasadas administraciones y la promesa de viejas campañas.
El empoderamiento del sector transportista en la ciudad no es casualidad, pues el uso electorero que se le ha dado es uno de los factores para que esta mafia haya crecido hasta desbordarse.
Se les ve en los mítines, abandonan sus rutas para apoyar a sus candidatos y luego los favores han de ser cobrados; violan el Reglamento de Tránsito y contribuyen a la contaminación de la ciudad dadas sus deterioradas condiciones; colapsan vialidades con marchas pero, sobre todo, se han convertido en un grupo intocable.
El Gobierno de la Ciudad de México tiene como meta final, en dos años y medio, sacar de circulación a 15 mil microbuses, transformarlos, pues, a través de créditos, a tan sólo cinco mil autobuses sustentables y suficientes.
Ahora viene la pregunta obvia: ¿cómo transformar un sector que por décadas se ha resistido a la modernización, que por años ha tomado como rehenes a los ciudadanos y al propio gobierno?
Tomemos como referencia el caso londinense. En 2010 se lanzó una consulta pública como parte del amplio proyecto de modernización a 20 años, que incluye Metro, autobuses, taxis, nuevas tecnologías y tarifas de acuerdo con la calidad del servicio.
Lo que en el país europeo se hará en 20 años, en México pretenden hacer la mitad del trabajo en dos años. Nuevamente encuentro ese sentimiento de déjà vu e incredulidad.
La renovación del parque vehicular de transporte público es imposible sin que se detalle una estrategia de largo alcance, con resultados medibles y tácticas definidas con nombre de los responsables.
Lanzar una norma que anticipe la extinción de los microbuses, como fue anunciado esta semana, carece —en principio y de momento— de la base que explique de dónde vendrá el financiamiento. ¿Cuántos proyectos de subvención a los concesionarios han fracasado antes?
Se comentó el interés de la banca de participar en el proyecto, pero no se explica cómo. No se detalla cómo pagarán los dueños los créditos, y si es que ése será el esquema. Tampoco se habla del porcentaje de participación del gobierno. Más dudas que respuestas para un problema tan complejo.
No podemos pensar en transporte de primer mundo con tarifas de tercer mundo. Mantener subsidios y tarifas artificialmente bajas sin estar indexadas a los movimientos del precio del combustible es un error comprobado.
En breve veremos publicada la norma con la que el gobierno de la ciudad pretende inhibir la proliferación de los microbuses. Sin embargo, su errada implementación generará más problemas que soluciones, tal como las medidas emergentes que se han tomado recientemente ante los problemas ambientales.
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