El mejor resultado de las elecciones mexicanas del domingo pasado fue que la gente usó el poder del voto para lo que es: premiar o castigar el desempeño de los políticos y decidir sobre el futuro de sus comunidades. Éste es un signo de madurez ciudadana que debe pasar de ser un elemento sorpresivo a uno característico de nuestra democracia. No se trata solamente de desquitar los miles de millones de pesos que nos cuesta el sistema electoral, sino de ir remontando mediante mejores gobiernos los enormes rezagos en inseguridad, educación, salud, desempleo, transporte y una larga lista de problemas cuyo origen o condición de perdurabilidad es la corrupción.
El mensaje fue claro: el que no hace bien el trabajo, y sobre todo, el que abusa de la posición se va. Un mensaje que todos los servidores públicos del país pero particularmente, los siete gobernadores electos postulados por el PAN, no deben olvidar. La gente nos dio una oportunidad que no podemos despilfarrar en banalidades, irresponsabilidad, incapacidad o deshonestidad. Con 11 gobernadores y un muy buen número de ciudades importantes gobernadas, Acción Nacional debe como en el pasado, establecer desde la dirigencia nacional principios en el ejercicio de la función pública y propiciar la generación de modelos de gobierno y políticas públicas distintivas.
Un buen inicio fue la reunión que esta semana sostuvo el presidente del PAN, Ricardo Anaya con los gobernadores electos de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en la que establecieron cuatro compromisos que serán el sello de sus gobiernos: transparencia y combate a la corrupción; humanismo, respeto a la dignidad y a los derechos humanos; seguridad y crecimiento económico sostenido, con generación de empleos; y solidaridad con los más pobres. Además, Anaya comprometió a todos los representantes del PAN a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal al inicio de su periodo de gobierno.
Seis de siete de estos gobernadores recibirán sus estados en condiciones desastrosas: altos niveles de inseguridad y corrupción pero bajos en competitividad y con escaso margen de maniobra presupuestal debido a los exorbitantes montos de deuda.
En materia económica, según el último Índice de Competitividad Estatal 2014, el crecimiento del PIB de Aguascalientes ha sido casi nulo, colocándolo en 12º lugar. Chihuahua ocupa el 23º lugar; Durango el 26º; Tamaulipas el lugar 31º y Veracruz tiene el puesto 24º. De acuerdo con cifras de la SHCP, durante las actuales administraciones la deuda pública en Chihuahua se incrementó 236%, la de Quintana Roo 126%, la de Veracruz 112% y la de Durango 103 por ciento.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en Tamaulipas durante los primeros cuatro meses del año en curso se han reportado 8,475 delitos en la entidad y el grado de impunidad es de 73.38%. Para Durango las cifras son de 9,840 delitos con un 94% de impunidad; en Veracruz se reportaron 13,202 con un 72% de impunidad y en Chihuahua 19,559 con un nivel medio de impunidad. En cuanto a percepción de la corrupción estas entidades ocupan los primeros puestos mientras que en transparencia han tenido un decepcionante desempeño.
Las expectativas ciudadanas de estos nuevos gobiernos son enormes pero más allá de las obras millonarias en las que todo gobernante piensa, el mayor legado que pueden dejar es una cultura de rendición de cuentas e instituciones fuertes que la hagan perdurar. El ámbito local representa un hoyo negro en materia de transparencia, combate a la corrupción, autonomía de los poderes y órganos autónomos respecto al Ejecutivo, e independencia de los medios de comunicación. Siete gobernadores de Acción Nacional pueden empezar a hacer
la diferencia.
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