Pero qué necesidad…

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No comparto la visión de los funcionarios perversos y los ciudadanos impolutos.

Ayer concluyó el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, que tuvo como único fin avalar las observaciones parciales que hizo el presidente Peña Nieto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que apenas 20 días antes había sido aprobada por ambas Cámaras, y con ello modificar el artículo 32 que imponía obligaciones excesivas a las personas físicas o morales ya que quienes recibieran recursos públicos por medio de contratos, becas, programas sociales, etcétera; tendrían que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés.

Dicen que es de sabios rectificar, pero la realidad es que fue la presión de los empresarios y de las organizaciones que impulsaron la llamada #Ley3de3 lo que propició que el presidente decidiera enmendar la plana al Poder Legislativo, pues ante la grave situación del país y los bajos niveles de aceptación de su gestión, no quiso abrir más flancos pero dejó pasar una oportunidad para responder a la exigencia de la sociedad para que también se modificara el artículo 29 de esta ley, y que fuera obligatorio hacer públicas las tres declaraciones.

Es cierto que la Ley 3 de 3 y en particular la publicación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés no representan la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción -que en una primera etapa requirió de la emisión o reformas de siete leyes y se tienen que adecuar cuando menos otras veinticinco además de las legislaciones estatales-, por lo que no se explica que después de que en ambas Cámaras, pero sobre todo en el Senado, se haya realizado un esfuerzo considerable -cuya discusión no estuvo exenta de conflictos e importantes resistencias- para aprobar la legislación secundaria en la materia, una vez más se empañe su imagen por lo que parece una ocurrencia.

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Para que se dé un acto de corrupción se necesita de la participación de dos partes, y no comparto la visión maniquea de los funcionarios perversos y los ciudadanos impolutos. Los incentivos están puestos para que todos entren al juego, y desde luego coincido en que también se debe poner límites a los empresarios que hacen grandes negocios a cambio de pésimos productos y servicios, pero ofreciendo jugosas “comisiones”.

Probablemente, por los antecedentes, resulta necesario que cualquiera que pretenda hacer negocio con el gobierno presente haga pública su declaración de interés. Sin embargo, no se pueden utilizar los mismos criterios para los particulares, que para quienes desempeñan una función pública cuya responsabilidad y por tanto el nivel de exigencia debe ser mayor. Es de lamentar que una vez más haya prevalecido el desaseo legislativo, la improvisación y hay quienes afirman que también estuvo presente el dolo, pero debemos celebrar que en México ya contamos con una sociedad cada vez más activa que vigila, incide y pide cuentas a sus representantes.


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