‘E pluribus unum’

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Los esfuerzos en la procuración de justicia deben enfocarse también en mitigar la corrupción bajo estándares internacionales

En la globalización, la profunda transformación de la criminalidad organizada trasnacional, condiciona significativamente su combate interno por parte de las autoridades responsables de la seguridad, de la justicia y de la legalidad en México.

La aceptación de que ningún país está en condiciones de afrontar de manera integral, permanente y efectiva a dicha delincuencia, que por su naturaleza transciende los límites nacionales, no es nueva en el panorama internacional.

La Convención de Palermo partió de ese supuesto básico al declarar, desde su preámbulo, que para su éxito era necesario buscar la “unidad en la diversidad” de las naciones amigas, justamente con el propósito de hacer realidad el famoso aforismo “de muchos uno”.

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La única forma de enfrentar al enemigo consistió, por tanto, en sumar esfuerzos a través de la cooperación internacional, al entender que como “problema mundial” requería de la “reacción mundial” y que si “atravesaba las fronteras” lo mismo debía hacer la “acción de la ley”.

Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar nuestro país en esa lucha de responsabilidad compartida? Definitivamente debemos llevar a cabo una estrategia sistemática de largo aliento, cimentada en la prevención, persecución y castigo de los distintos fenómenos delictivos que produce.

En primer lugar, para evitar la práctica de “únicamente reaccionar”, debe fortalecerse el aparato de inteligencia criminal que tiene por objeto recabar información tanto local como trasnacional de calidad, relevante y oportuna, precisamente para combatir su execrable actuación, la que incide en diferentes personas y mercados.

Al tener un trasfondo sustancialmente económico-empresarial y para arrebatarles prontamente los recursos de procedencia ilícita, debe impulsarse de forma decidida la lucha contra el lavado de dinero y aplicarse, sin reticencias, la figura de la “extinción de dominio”. El indiciado y toda persona relacionada deben probar la licitud de su patrimonio.

La redefinición de competencias entre los ámbitos federal y local en contra de la delincuencia organizada, según los delitos de que se trate, debe acompañarse de medidas generales para su prevención, investigación y combate, con un mayor involucramiento de todos los niveles de gobierno, cuidando de no encarcelar por ilícitos civiles y promover la reestructuración al sistema carcelario nacional.

Localmente debe fomentarse la denuncia y procurar el orden para evitar el “llamado de las ventanas rotas”; y, federalmente debe potenciarse la investigación criminal, abarcando delitos del fuero común relacionados con la delincuencia organizada. Ningún homicidio o desaparición debe quedar sin investigación ni castigo, sea por delito federal o local.

Los esfuerzos en la procuración e impartición de justicia deben enfocarse no sólo en la lucha contra el narcotráfico, extorsión, robo, contrabando, trata y tráfico de personas y armas, sino también para mitigar la corrupción bajo convenciones y estándares internacionales.

Con relación al uso de estupefacientes, a la par de combatir al narcomenudeo por los tres órdenes de gobierno, deben lanzarse campañas de formación e información para la juventud y grupos vulnerables, enfocando políticas y recursos públicos a la rehabilitación y a la reinserción social de fármacodependientes.

La fiscalía debe utilizar las técnicas especiales de investigación en su actuación cotidiana, además de realizar maxiprocesos, junto con la judicatura, ya en el nuevo sistema de justicia penal; además debe incorporar beneficios e, incluso, la “amnistía” para capos arrepentidos que cooperen, sin perjuicio de la extradición.

Por último, en el ámbito de la cooperación internacional —tal como sucede en la Unión Europea—, debe privilegiarse el intercambio de información policial y judicial continua y relevante, además de utilizarse la Convención de las Naciones Unidas contra ese tipo de criminalidad, siempre como instrumento privilegiado para la acción internacional conjunta y uniforme.

En suma, la delincuencia organizada en México debe entenderse como una “cadena trasnacional” donde, sin la oportuna cooperación y sin la debida corresponsabilidad de cada nación involucrada, los esfuerzos aislados son insuficientes e inclusive contraproducentes para combatir al enemigo público “número uno”, que no tiene nacionalidad, que no tiene límites y que no tiene humanidad.


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