Percepción: Hay una Nueva Forma de Eludir la Justicia

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El Caso Escobar Está Sentando el Precedente

Fue Utilizada la vía Rápida de Ejercer Presión

Volvieron Frágiles a las Instituciones, Otra vez

La decisión de la Procuraduría General de la República hecha pública consistente en no presentar el recurso de apelación en contra de la resolución que niega conceder a la FEPADE la orden de aprehensión solicitada por la presunta comisión de delitos de carácter electoral realizados por el ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, simplemente refleja que prevalecieron los acuerdos políticos por encima de la aplicación de la ley.

Esta afirmación tiene sentido y sustento en virtud de que los Agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados tienen -prácticamente-, la obligación de impugnar aquellas resoluciones que no les son favorables, como en el presente asunto. Siendo los representantes de la sociedad, se encuentran con el deber de agotar los cauces legales a su alcance para combatir los delitos y evitar que se evada la acción de la justicia. En esos términos, es insólito y fuera de tono la determinación de concluir de esa manera con el caso en cuestión.

Si bien es cierto que el Fiscal Especial, Santiago Nieto, cuenta con autonomía en su función, también lo es que los Agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados, personas legitimadas para presentar los recursos correspondientes, se encuentran fuera de su ámbito de autoridad, pues estos son nombrados directamente por la Procuraduría, en consecuencia es entendible que una decisión de esa naturaleza escape de sus atribuciones, sin embargo, ya se percibe una nueva forma de eludir la justicia.

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Por lo visto, tanto al gobierno como al PRI, les urgía terminar con ese problema y congraciarse con sus aliados del Partido Verde, máxime que está a punto de iniciar un año electoralmente importante, así que optaron por la vía rápida: ejercer presión y acabar de tajo con el incómodo procedimiento.

La actual titular de la PGR, Arely Gómez, no queda bien parada, aunque tampoco pasa desapercibido que aún no entra en vigor la Fiscalía General, que sustituirá a la Procuraduría, en esa tesitura, su puesto depende todavía del Titular del Ejecutivo Federal, quien tiene en la actualidad la atribución de retirarla del puesto. Por otra parte, cuando el Congreso apruebe la ley secundaria y emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de su autonomía constitucional, quien ocupe en ese momento el cargo de Procurador, queda designado como Fiscal General por un período de nueve años. Así las cosas, como se aprecia, existe un mar de fondo en el asunto.

La situación -para variar-, deja un pésimo precedente, como dice el refrán popular: «Otra vez la burra al trigo», socavan las instituciones, las debilitan y las vuelven frágiles, se usan a contentillo, se desmorona la confianza y se atenta en contra del desarrollo democrático.


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