El anuncio esta semana de que los asesinatos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa está cerrado, me produjo escalofrío, desaliento, indignación… Es la declaración contundente de que la investigación ha concluido, de que la autoridad llegó hasta ahí, de que no hay más nada que hacer, de que están muertos los 43 muchachos, de que les dieron una muerte espantosa, de que no hay cuerpos porque los incineraron, de que… de que… ¿de qué?
¿Y dónde están los asesinos? ¿Quién pagará por esos crímenes? Hay muchas preguntas sin contestar… ¿por qué nos quieren llevar a la conclusión de que en este país se puede matar y que no hay castigo para los victimarios? Que corra el tiempo y que cuanto sucedió se lo engulla el olvido, de que se hizo lo que se pudo y nomás hasta ahí se pudo.
La PGR tiene que continuar con las investigaciones y los órganos jurisdiccionales tendrán que juzgar los hechos. La Comisión Especial integrada por legisladores federales, debe de solicitar una reunión con el Procurador General de la República, para que éste informe a detalle de las investigaciones que tuvieron lugar, nuestro grupo parlamentario impulsará y apoyará esta solicitud. Es inaceptable que las cosas queden en el estado en que se pretende dejarlas.
Los diputados federales panistas estamos convencidos de que, nuestra obligación como legisladores, es no aceptar como definitivas las conclusiones dadas a conocer por el Gobierno Federal, y que es momento de que realicemos una revisión profunda y objetiva sobre la actuación de la autoridad que ha investigado el caso.
El asesinato de los 43 normalistas es una evidencia más de que los criminales le están ganando la batalla al gobierno, de que la ley sólo es de nombre, de que la corrupción – aunque parezca disco rayado de tanto que lo señalo – se está comiendo cuanto es caro para la vida de una nación, como es el derecho a VIVIR EN PAZ, con tranquilidad, en armonía, con la certeza de que la autoridad si está cumpliendo con su deber primario, básico, razón de ser del pacto social, que no es más que: GARANTIZAR la SEGURIDAD PÚBLICA. En nuestro país está ocurriendo todo lo contrario.
Castigar al culpable por sus crímenes y evitar que cometa más, es justicia natural. Hoy estamos viviendo en medio de un caos, por eso los criminales campean a sus anchas. ¿Cómo llegamos a esto? Y vuelvo, con corrupción. Cuando la autoridad se colude con los delincuentes se inicia el colapso, así ha sucedido siempre. México está viviendo horas aciagas, lo que hoy tenemos es lo que tuvo Colombia hace veinte años. La mafia compró gobiernos, impuso su “ley” a lo largo y ancho de aquel país, todo se podía hacer, sin que mediara castigo alguno. ¿Hacia allá vamos? Michoacán no es un caso aislado, ni Chiapas está en Jauja, ni Oaxaca es una historia de amor.
Así mismo ¿cómo es posible que no se castigue a quienes con la bandera de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, destruyen bienes de terceros, bienes públicos? ¿Por qué los dejan libres? ¿Quiénes están atrás del pandemónium que azota al estado de Guerrero? ¿Quiénes están financiando la debacle social de la entidad? ¿A quién o a quienes conviene la bancarrota de un estado que de suyo, vive del grueso de las aportaciones federales? ¿Qué clase de proceso eleccionario va a vivirse en junio de este año en la entidad? ”A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el viejo adagio. ¿A cualquier precio? ¿Quiénes quieren terciarse en el pecho la banda de “salvadores”? ¿Tope en lo que tope? No tendría parangón su mezquindad.
¿A dónde lleva a México, presidente Peña Nieto? Ya hay demasiadas lumbres prendidas…la caída del precio del petróleo, la del peso…más pobreza, más marginación, más delincuencia…Llega un momento en que no bastan los discursos para apaciguar los ánimos y entonces se crecen más la incredulidad y la desconfianza en los gobiernos. Al suyo le está sucediendo eso.
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