El gobierno de Estados Unidos ha afirmado en diversas ocasiones que en México opera un «narcoestado». Si estas acusaciones tienen fundamento, es crucial que se presenten pruebas claras y nombres específicos. Las acusaciones generales no solo afectan la imagen internacional del país, sino que también permiten que se utilicen como justificación para amenazas comerciales, como la imposición de aranceles. México no puede seguir siendo el blanco de acusaciones vagas sin sustento.
Es hora de que Estados Unidos actúe con transparencia y detalle, señalando a los responsables y proporcionando evidencia concreta. Este asunto no puede seguir siendo una excusa para generar desconfianza ni para fortalecer políticas punitivas sin base. La relación entre ambos países debe estar fundamentada en el respeto mutuo, la cooperación efectiva y el compromiso conjunto para enfrentar problemas como la inseguridad, el tráfico de migrantes y la violencia vinculada al crimen organizado.
El gobierno actual se enfrenta a una encrucijada. En primer lugar, debe dejar atrás la excusa de la administración anterior para evitar una rendición de cuentas, asumiendo que, si existen funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado, deben ser identificados y sometidos a la justicia. La corrupción no es patrimonio de un solo partido; es una amenaza que socava la confianza y la seguridad de la nación.
En segundo lugar, Estados Unidos debe señalar con precisión a los políticos mexicanos involucrados en actividades ilícitas, algo que ya se ha mencionado en diversos medios, especialmente sobre funcionarios de estados como Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas. Estas acusaciones no deben quedar en la nebulosa de las especulaciones; si existen pruebas, es hora de que sean presentadas.
La acusación de que México es un «narcoestado» no es un simple comentario sin base. Está respaldada por documentos oficiales que han sido filtrados a la opinión pública por diversos medios internacionales. Estos documentos, que están en poder de la Casa Blanca, han sido utilizados para reforzar la narrativa de que el crimen organizado tiene un control considerable en el país.
Ahora, más que nunca, México necesita un liderazgo decidido para limpiar su imagen y restablecer la confianza internacional. La presión global sobre el narcotráfico y la violencia, especialmente desde Estados Unidos, no puede ser ignorada. No se trata de una campaña de desprestigio, sino de una denuncia fundamentada en hechos reales. Si México realmente quiere desmarcarse de esa etiqueta de «narcoestado», debe actuar con contundencia.
Además, la presión sobre el tráfico de fentanilo y otras drogas en México no debe verse como un tema menor. Es una realidad documentada por organismos internacionales como la ONU, y nuestro país tiene la obligación de asumir su responsabilidad en el desmantelamiento de las redes de crimen organizado que operan dentro del territorio. El gobierno mexicano no puede seguir ignorando estos informes; debe dar respuestas claras y decididas.
Es cierto que la administración de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de dejar atrás las sombras de la administración anterior, pero no puede hacerlo sin antes despejar las dudas que afectan la confianza en el país. El gobierno actual tiene la responsabilidad de actuar y de demostrar que está dispuesto a erradicar la corrupción de sus propias filas. No basta con señalar el pasado, es crucial que el presente se enfoque en la rendición de cuentas.
El narcotráfico y la violencia son problemas transnacionales que no pueden ser resueltos de manera aislada. México necesita una cooperación más estrecha con Estados Unidos y otras naciones para afrontar estos desafíos. Pero esa cooperación solo será efectiva si México demuestra su voluntad de actuar firmemente dentro de sus fronteras, mostrando que no hay espacio para la impunidad.
El gobierno de Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo de México, pero no puede ser solo una figura simbólica de cambio; debe ser el motor de una transformación profunda que acabe con la impunidad, recupere la paz y devuelva la seguridad a las y los mexicanos.
Es hora de que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad, combata la corrupción desde adentro y trabaje incansablemente para limpiar la imagen de México en el ámbito internacional. No podemos seguir permitiendo que el país sea percibido como un refugio para el crimen organizado. Los ciudadanos, las instituciones y los socios comerciales merecen mucho más que promesas vacías. Exigimos acciones concretas y efectivas.
Y no menos importante, México no solo necesita reformas en materia de seguridad; también requiere una transformación profunda de sus instituciones. Es esencial impulsar reformas legislativas que fortalezcan la justicia y las fuerzas de seguridad, asignando mayores recursos para la capacitación de las fuerzas federales y estableciendo mecanismos más eficaces de control y rendición de cuentas. Esta no debe ser una simple retórica; debe ser un compromiso real con la seguridad y el bienestar de todas y todos los ciudadanos.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
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