De acuerdo con el más reciente informe de TResearch, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las extorsiones en México han alcanzado niveles históricos. En marzo de 2025 se reportaron 1,045 denuncias por este delito, la cifra mensual más alta para un mes de marzo en la última década y un aumento significativo respecto a las 855 registradas en marzo de 2024.
El primer trimestre de 2025 acumula ya 2,990 casos denunciados, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento refleja una tendencia preocupante, dado que el delito de extorsión no solo afecta a grandes empresas, sino también al ciudadano común, especialmente en sectores vulnerables donde el miedo al estigma o la desconfianza en las instituciones impide que muchas víctimas presenten formalmente su caso.
Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, se han registrado 5,694 denuncias por extorsión, concentrándose principalmente en entidades como el Estado de México (Edomex), Guanajuato y Nuevo León, según indica el documento. Estas tres entidades lideran las estadísticas nacionales, evidenciando que las zonas con mayor dinamismo económico también son blanco preferido de los grupos criminales dedicados a esta práctica.
Aunque México ha implementado diversas estrategias de seguridad nacional, la persistencia de redes delictivas operando con relativa impunidad —y en algunos casos con complicidad institucional— dificulta el combate efectivo contra la extorsión. El informe destaca que este delito no solo se da en espacios físicos, sino que también ha migrado a plataformas digitales, donde los mecanismos de intimidación emplean llamadas anónimas, mensajes de texto o correos electrónicos falsos simulando autoridades o acreedores.
La gravedad del fenómeno queda en evidencia al revisar datos acumulados durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se contabilizaron 57,510 extorsiones, un promedio aproximado de 13 por día o una cada hora. Esto ubica a México como uno de los países con mayor incidencia de este delito en América Latina.
Pese al esfuerzo de las autoridades por mejorar los índices de denuncia e impulsar líneas de atención confidencial, persiste una brecha importante entre los hechos delictivos reales y los que se reportan oficialmente. Es común que las víctimas opten por pagar la cantidad exigida antes que enfrentar un proceso incierto que puede implicar riesgos para su integridad física y económica.
La situación exige políticas públicas más agresivas, coordinación entre niveles de gobierno y mayor capacitación policial para combatir redes extorsionadoras. Asimismo, se necesita una campaña nacional de concientización que incentive a las víctimas a denunciar, sin temor, mientras se fortalece la credibilidad del sistema judicial mexicano. La lucha contra la extorsión no solo es un tema policial; es una batalla por la tranquilidad y el desarrollo sostenible del país.
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