Los dos casos Lozoya

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La Fiscalía General de la República, entidad autónoma de jure, es en los hechos vulnerable a las presiones del Ejecutivo Federal. No sé cómo funcionaría si los titulares de una y otro estuvieran enfrentados, pero lo que sería indeseable en circunstancias de normalidad democrática hoy es prácticamente imposible: que el fiscal fije sus prioridades sin tomar en cuenta las del presidente. No me sorprende, pues, que la agenda de la FGR de Alejandro Gertz Manero, nominado por Andrés Manuel López Obrador, refleje la voluntad presidencial. Sería una ingenuidad pensar que no fuera así.

Esa voluntad se manifiesta en las mañaneras. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, convertido cada amanecer en salón de usos simultáneamente múltiples, AMLO echa a volar sus palomas mensajeras verbales en reemplazo de las que han perdido protagonismo: los personeros e intermediarios que en los viejos tiempos “tiraban línea” a legisladores, juzgadores, gobernadores. Ahora todos escuchan al presidente quien, en el recinto del tesoro, expresa una y otra vez sus deseos, que casi siempre son órdenes. En cuanto a la FGR, y en torno al personaje más conspicuo de sus investigaciones, abundan los pronunciamientos de AMLO que dejan claro que no quiere el ejercicio de la acción penal contra Enrique Peña Nieto y sus secuaces -por esa renuencia exigió la consulta, pese a que se tienen los instrumentos y las pruebas para ejercerla- y que sí la quiere contra los exdiputados y exsenadores a quienes según Emilio Lozoya se les dio dinero para aprobar la reforma energética. Estas acusaciones, obviamente, le sirven para impulsar su contrarreforma eléctrica y para debilitar al PAN de cara al 2024.

¿Por qué, entonces, hay indicios de que no se les ha dado carpetazo a las pesquisas contra Peña Nieto y los suyos? Porque existen, creo, dos casos Lozoya, el de AMLO y el de Gertz, y este último apunta hacia allá. Si mi hipótesis es correcta, si el margen de maniobra de su autonomía permite a la FGR atender los mensajes presidenciales sin dejar de mover sus piezas a fin de que su titular pase a la historia como el primer fiscal que procesó a un expresidente, el problema es otro: sus recursos no dan para todo, y seguir paralelamente dos vertientes de un expediente que compiten por la primacía estratégica le resta coherencia. Quizá por ello, porque sus abogados saben que si persiste tal bifurcación la actuación de la FGR será ineficaz, Emilio Lozoya se atreve a placearse en un restaurante de lujo.

En 15 días vence el plazo para que el exdirector de Pemex aporte pruebas que sirvan a la FGR. La cuestión es ¿que le sirvan para qué?; ¿para ir por Peña o por los panistas? Lo correcto sería enjuiciar a todos los corruptos con evidencias sólidas y sin importar su partido, pero hacerlo sin un enfoque holístico que priorice las averiguaciones es inviable. Y aquí cabe preguntar: ¿qué es más importante, romper el pacto de impunidad que protege a los exmandatarios llevando ante la justicia al mayor saqueador de México para resarcir el daño al país, o reforzar una iniciativa y descarrilar candidatos opositores? ¿Y si la FGR echara su resto sobre el pez gordo, escudándose en el criterio de AMLO de que la cantidad de dinero robado es la pauta en el combate a la corrupción?

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