La Fiscalía General de la República (FGR) maneja un presupuesto anual cercano a los 20 mil millones de pesos. Con esos recursos abre cada año más de 130 mil carpetas de investigación. Sin embargo, solo una fracción pequeña de esos expedientes llega a sentencia y prácticamente ninguno se gana en juicio oral. Los datos revelan una brecha profunda entre el gasto público y los resultados concretos: el Estado invierte miles de millones en investigar, pero no logra probar los delitos ante los tribunales. Esta realidad ha colocado a la institución en el centro de un debate incómodo sobre su capacidad real para cumplir la función básica de procurar justicia.
Las críticas más duras subrayan que no se trata solo de una baja tasa de éxito. Se trata de un mecanismo que absorbe recursos públicos cuantiosos sin traducirlos en condenas firmes. Víctimas de delitos graves —desde corrupción hasta violencia organizada— observan cómo sus denuncias se diluyen en un laberinto burocrático sin resolución. Analistas independientes calculan que menos del 5 % de las carpetas concluye con una sentencia condenatoria, lo que genera indignación entre quienes financian con sus impuestos esta estructura. La percepción de impunidad se instala como un costo invisible pero devastador: la sociedad paga por una fiscalía que no consigue llevar a los responsables ante la justicia.
Desde la perspectiva de la propia FGR y del gobierno federal, la explicación radica en la complejidad de los casos. La mayoría involucra delitos de alto impacto que requieren pruebas técnicas difíciles de obtener, testigos protegidos o información de inteligencia que no siempre es admisible en juicio. Defienden que el volumen de carpetas refleja una mayor actividad investigadora heredada de reformas anteriores y que el presupuesto se destina también a infraestructura, capacitación y combate a la corrupción interna. Afirman que cualquier comparación simplista ignora el contexto de un país con altos índices de impunidad estructural.
La oposición y organismos civiles, en cambio, cuestionan la falta de responsabilidad institucional. Señalaron que, a pesar de los recursos crecientes, no se observan mejoras sustanciales en las tasas de judicialización exitosa. Algunos legisladores han propuesto auditorías externas y mecanismos de evaluación de desempeño más estrictos, pero hasta ahora no han prosperado. Esta inacción legislativa alimenta la polémica: ¿por qué el Congreso no exige cuentas claras sobre el uso de esos 20 mil millones?
El debate trasciende las cifras y toca el corazón del Estado de derecho. Mientras una parte de la opinión pública exige resultados inmediatos y castigos ejemplares, otra advierte que presiones políticas sobre la fiscalía podrían comprometer su autonomía. Lo cierto es que la ciudadanía paga una factura millonaria por una institución que, en los hechos, entrega muy poco a cambio. La ausencia de condenas no solo erosiona la confianza en las instituciones; genera un sentimiento colectivo de frustración y desamparo que nadie puede ignorar. La FGR enfrenta el reto de demostrar que su presupuesto se traduce en justicia real o de aceptar que, tal como opera hoy, representa un gasto público sin retorno visible para millones de mexicanos.
