Cuando las instituciones funcionen, el péndulo quedará en el justo medio. En efecto, México —igual que los demás países— vive tiempos de linchamientos mediáticos, principalmente contra funcionarios públicos, de todos los ámbitos y niveles.
Por la poca honestidad en lo público, y por la falta de bienes y servicios para alcanzar armonía y justicia, la sociedad ha encontrado como mecanismo de defensa, castigo, venganza o de simple desahogo el ir a la carga contra quienes detenten mando, poder o gobierno.
El hartazgo por tropelías de unos hace olvidar el trabajo honesto y eficaz de miles de servidores públicos. Solamente es noticia la nota roja.
Mayor conciencia y las nuevas tecnologías han permitido a la comunidad dejar atrás la resignación pasiva para involucrarse en todo aquello que le atañe. Es un cambio indudablemente valioso que debemos perfeccionar. Lo malo es que ha operado la ley del péndulo: de la postración y tolerancia hemos pasado no solo a la denuncia veraz y valiente, sino a privilegiar la frivolidad del escándalo. Nada resulta más apasionante que las noticias de corruptelas, reales o supuestas, así como de atuendos, viajes, bailes, francachelas y amoríos de personajes.
No es relevante la verdad o la mentira, ni la gravedad o simpleza del hecho, porque el escándalo se ha convertido, por sí mismo, en la droga preferida. Produce placeres fascinantes y no implica erogación alguna. Lo único que puede llevar a la frustración colectiva es que el denunciado no termine en la Piedra de los Sacrificios ante el inmortal Huitzilopochtli.
Podrán perdonarse fechorías de gran escala —como el endeudamiento, por docenas de miles de millones, de no pocos estados del país—, pero no el “error inexcusable” de 5 minutos de vuelo. Y por volar… ¡voló! No conozco al defenestrado, ni si fue bueno o malo su desempeño público, pero me queda claro que su caída se debió al hecho de sustituir la camioneta oficial a su servicio, por el helicóptero oficial a su servicio, para ir al aeropuerto acompañado de su esposa y sus hijos. Esa fue la causa: el cambio de vehículo y lo que ello significó.
Fue valiosa la denuncia del ciudadano, y vendrán las sanciones al ex funcionario —¿amonestación, reparación del daño, multa, inhabilitación temporal, cárcel?—, pero el debido proceso es lo menos importante, los agravios acumulados y la desconfianza en las instituciones llevaron al linchamiento social.
Capítulo aparte merecen la impudicia y desvergüenza de los políticos —para no tocar a otros— que han leñado al caído. Si de verdad consideran que de manera absoluta, total y a rajatabla, los bienes públicos solamente pueden ser utilizados para el servicio público, ¿por qué ellos, y miles de funcionarios, se trasladan en vehículos oficiales —con choferes, auxiliares y escoltas pagados por el Estado— para llevar a cabo sus actividades privadas? ¿Al menos dejarán de hacerlo?
El péndulo pasó al otro extremo. Los corazones palpitantes no pueden faltar hoy en el hocico del ídolo.
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