Una de las peores herencias de los seis sexenios de gobiernos neoliberales fue el costo de la deuda pública, incrementada de manera impositiva por rescates bancarios como el FOBAPROA que en el sexenio de Ernesto Zedillo convirtió los 500 mil millones de pesos de la quiebra de los consorcios financieros privados, en deuda pública.
A la fecha los mexicanos hemos pagado vía nuestros impuestos, 724 mil millones de pesos por los intereses generados y todavía nos resta por pagar un billón 200 mil millones de pesos, sin que hasta el momento se le hayan fincado responsabilidades al ex presidente y los miembros del Congreso de la Unión que votaron a favor del mencionado rescate bancario, hipotecando el nivel de vida de generaciones enteras.
Actualmente se estima que el Segundo Piso de la 4T, deberá pagar un promedio anual de un billón 200 mil millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Es momento de que la suspensión al pago de la deuda se lleve a la palestra de los grandes temas nacionales porque resulta inconcebible la forma antinacionalista con que los gobiernos neoliberales del PRIAN, aceptaron dócilmente los lineamientos económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, y la imposición de sus altos intereses por servicio de la deuda, de tal forma que de 1990 a la 2023, México ha desembolsado por estos organismos controladores de la usura global, nada menos que 9,9 billones de pesos; es decir, casi la mitad de los 17 billones de pesos en que se calcula, cerrará en 2024 la deuda pública.
En septiembre del 2020, surgió la llamada Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública (PSPDP), que desde entonces ha venido planteando esta opción por el bien del desarrollo económico del país, pues de no frenarse o renegociarse en términos favorables esta multimillonaria sangría, se seguirá comprometiendo el bienestar social de millones de mexicanos y sus familias.
El pasado 13 de noviembre, se recepcionó una carta dirigida a la Presidenta de la República, proponiéndole un diálogo constructivo para plantear las propuestas que se han venido consensado entre cientos de académicos y más de 130 organizaciones sociales y sindicatos independientes de todo el país, con el fin de fortalecer las finanzas públicas para que el proceso de transformación que está en marcha, cuente con los recursos necesarios para profundizarse, consolidando no solo los programas sociales sino el desarrollo de sectores como el de la economía social, de las cooperativas y unidades de producción de grupos campesinos y pueblos originarios.
Para ir consolidando este proyecto debe informarse a la ciudadanía sobre los altos costos que está implicando pagar tan altos intereses a los banqueros. Por ejemplo, si se considera que para este año el costo de la deuda implicará un desembolso de un billón 263 mil millones de pesos, si se dejará de pagar tal cantidad, se podrían construir en el país 35 mil hospitales y al menos 12 aeropuertos.
Para reflexionar más a detalle sobre el tema, basta referir que en tanto los programas sociales prioritarios tuvieron un costo de 450 mil 294 millones de pesos en el 2022, el pago por intereses de la deuda ascendió a 600 mil 268 millones de pesos; en 2023, los programas sociales requirieron de 791 mil 463 millones, pero el costo de la deuda llegó al billón 79 mil millones de pesos. ¿Cuántos beneficios en salarios, pensiones y servicios médicos a la población no podrían ofrecerse si estos recursos no fueran a parar a la insaciable voracidad del FMI y el Banco Mundial? (Continuará)
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