Por: Rafael Morgan
Aunque el título de esta columna pareciera tremendista, se trata de llamar la atención de los lectores y de algún que otro funcionario o líder de opinión que se asome a esta página y considere que existen otras versiones.
A pesar del constante desprestigio que indiscriminadamente ha arrojado el Presidente y su partido sobre los expresidentes anteriores, lo cierto es que de ninguna manera fueron y actuaron iguales. Los presidentes emanados del PRI, antes de Vicente Fox, fueron los típicos presidentes totalitarios de partido único que actuaron sin controles legales y sin control tanto del Poder Legislativo como del Judicial y mucho menos de gobernadores e instituciones ciudadanas y con ello ejercieron un poder omnímodo y plagado de corrupción.
En el periodo del Presidente Fox tuvo que lucharse contra decenas de años de priísmo, de leyes hechas adhoc, de falta de instituciones ciudadanas y de un Congreso federal con mayoría priísta dispuesto a no ceder un ápice de poder, con la intención clara de regresar a la presidencia en el siguiente periodo. El sexenio de Fox se vio afectado por su frivolidad y la indebida intervención de su esposa Martha Sahagún.
El sexenio de Felipe Calderón se inicia y desarrolla con una raquítica mayoría y la constante oposición activa de las “tribus” del PRD y del propio candidato derrotado López Obrador, que bloquearon calles, carreteras y acuerdos y proyectos de ley en el Congreso, pese a lo cual se gobernó con prudencia y creo que con acierto. Lo que ha sido muy criticado ha sido la decisión del Presidente Calderón de enfrentar con la fuerza del Estado a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a su infiltración en la sociedad toda y en el propio gobierno. Se le ha llamado “La guerra de Calderón” y López Obrador ha afirmado que “se golpeó el panal y se alborotaron las abejas”, pues parte de la táctica era perseguir y atrapar a los jefes de los grupos delincuenciales de esa época, con lo cual se fragmentaron más los grupos y nacieron otros más virulentos. Esta opinión parece haber prevalecido en los últimos años muy cultivada por el régimen actual.
Sin embargo, es necesario aclarar que no fue Calderón el que declaró la guerra al narcotráfico, fueron los narcotraficantes los que le declararon la guerra al Estado Mexicano, a sus leyes, sus estructuras, sus instituciones, al pueblo todo, a través de homicidios, secuestros, extorsiones, sobornos y su control de territorios y poblaciones. El Estado Mexicano tenía que defenderse, es decir, el gobierno, que es su brazo armado, debía cumplir la ley de defender instituciones y pueblo, so pena de entregar al país a las manos de los delincuentes. Toda proporción guardada, es como si se acusara a Churchill de haber iniciado la guerra contra la Alemania nazi cuando ésta había ya invadido varios países e iba sobre Inglaterra.
Cuando el Presidente Calderón enfrentó a los ya de por sí poderosos capos de narcotraficantes, estos habían invadido ya mucho territorio nacional con la siembra de estupefacientes y con el control de rutas del narcotráfico; ya habían infiltrado policías federales, estatales y municipales, gracias al terror y el dinero; ya se sufría de homicidios, feminicidios y asesinatos impunes, pero en ese tiempo nadie los contaba ni se acumulaban en una sola cifra nacional; apenas empezó la contabilidad un poco antes. Eran tan poderosos los narcos que llegó a decirse que durante los años ochenta y noventa, estaban dispuestos a pagar la deuda externa de México si los dejaban trabajar a su gusto, la llamada “deuda eterna”.
Como una prueba, relativa si se quiere, de que en la Ciudad de México no se tenía conciencia del problema de la delincuencia organizada, es que cuando un servidor llegó a la Subsecretaría de la Función Pública, procedente de Sinaloa, en donde sí se sabía de la gravedad de lo que se avecinaba, me propuse un programa de información del personal de la Subsecretaría, de los Órganos Internos de Control en las principales Secretarías y en el Indaabin, explicando las consecuencias y del poder monstruoso del narcotráfico con sus consecuencias de adicciones, corrupción y destrucción del tejido social en las comunidades.
Fueron más de 20 conferencias y reuniones haciendo hincapié en que, además de las acciones punitivas del ejército y policías, se requería también la colaboración de los gobiernos de los Estados, lo que nunca se logró, y de programas de educación, de asistencia social y de servicios públicos.
Por lo menos, esto es lo que yo sé y es mi opinión al respecto.
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