México enfrenta una de las crisis de derechos humanos más graves de su historia reciente: la desaparición de personas. Lo que comenzó como un problema vinculado a episodios específicos de violencia ha evolucionado en las últimas décadas hasta convertirse en una emergencia nacional que afecta a miles de familias y pone en evidencia la fragilidad del sistema de justicia y seguridad en el país. Desde el sexenio pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), hasta la administración actual de Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, el número de personas desaparecidas ha crecido de manera alarmante, reflejando no solo el aumento de la violencia ligada al crimen organizado, sino también la incapacidad del Estado para prevenir, investigar y resolver estos casos. A continuación, se analiza cómo ha evolucionado este fenómeno, con un énfasis especial en el incremento registrado desde el gobierno anterior.
Los antecedentes: de la “guerra sucia” a la guerra contra el narco
La historia de las desapariciones en México tiene raíces profundas. Durante la llamada “guerra sucia” de las décadas de 1970 y 1980, las desapariciones forzadas fueron una herramienta de represión política utilizada por el Estado contra disidentes. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la “guerra contra el narcotráfico”. Esta estrategia, que implicó la militarización de la seguridad pública, marcó el inicio de una nueva etapa en la que las desapariciones se dispararon, ahora vinculadas al crimen organizado y, en muchos casos, a la complicidad o inacción de las autoridades.
Durante el sexenio de Calderón (2006-2012), el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó alrededor de 17,000 casos. Aunque esta cifra ya era alarmante, representaba solo el comienzo de una tendencia ascendente. El conflicto entre cárteles y las fuerzas de seguridad dejó un saldo de violencia que incluyó masacres, fosas clandestinas y un creciente número de personas cuyo paradero se desconocía. Casos como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ya en el siguiente sexenio, pusieron los reflectores internacionales sobre esta crisis.
El sexenio de Peña Nieto: un aumento exponencial
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) heredó un país en medio de una guerra no declarada. Durante su administración, las desapariciones alcanzaron niveles sin precedentes, con un total de 52,948 casos registrados, según datos de la consultora TResearch y el RNPDNO. Esto representó un incremento de más del 200% respecto al sexenio anterior, consolidando a México como un país donde la impunidad y la violencia se entrelazaban de manera trágica.
Este periodo estuvo marcado por episodios que evidenciaron la magnitud del problema. En Veracruz, se descubrieron enormes cementerios clandestinos, mientras que en Guerrero, el caso Ayotzinapa destapó la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado. Las desapariciones masivas, como la de Allende, Coahuila, en 2011 —donde se estima que más de 300 personas fueron desaparecidas por el cártel de Los Zetas con la presunta complicidad de policías locales—, comenzaron a ser investigadas con mayor profundidad, aunque los resultados fueron escasos.
A pesar de la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, impulsada por colectivos de familiares y organizaciones civiles, el gobierno de Peña Nieto no logró frenar el crecimiento del delito. La falta de coordinación entre instituciones, la corrupción y la incapacidad para implementar políticas efectivas de búsqueda y prevención fueron factores clave que perpetuaron esta crisis. Al finalizar su mandato, México superaba las 70,000 personas desaparecidas desde 2006, una cifra que ya era insostenible.
El sexenio de López Obrador: promesas incumplidas y récords históricos
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se generaron expectativas de cambio. El presidente prometió atender la crisis de los desaparecidos como una prioridad, reconociendo el dolor de las familias y comprometiéndose a mejorar la búsqueda y la justicia. Sin embargo, los resultados han sido devastadores. En su sexenio, que abarcó de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, se registraron 53,261 desapariciones, según datos del RNPDNO y organizaciones como Causa en Común. Esto significa que, en comparación con el sexenio de Peña Nieto, el número de casos se mantuvo en niveles extremadamente altos, con un promedio de 25 desapariciones diarias.
El crecimiento del delito durante este periodo no solo se refleja en las cifras absolutas, sino también en su impacto relativo. Mientras que en el gobierno de Peña Nieto se reportaron 0.64 desapariciones por hora, en el de López Obrador la cifra aumentó a 1.07 por hora. Además, el sexenio cerró con más de 72,100 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes, de los cuales casi la mitad (48%) se acumularon entre 2019 y 2023. Esta crisis forense agrava aún más el sufrimiento de las familias, que enfrentan la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están entre esos restos.
Un punto controvertido del gobierno de López Obrador fue la implementación de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, anunciada en 2023. Esta iniciativa buscaba actualizar el registro de desaparecidos mediante visitas domiciliarias y cruces de datos. Aunque se reportaron más de 20,000 localizaciones entre agosto de 2023 y marzo de 2024, el proceso fue criticado por su opacidad y por revictimizar a las familias, muchas de las cuales denunciaron que las autoridades clasificaron como “localizadas” a personas que seguían desaparecidas. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas expresaron preocupación por la falta de transparencia y el posible “rasuramiento” de las cifras.
El arranque de Sheinbaum: un desafío heredado
El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en un contexto de violencia persistente. En sus primeros 100 días de gobierno, hasta enero de 2025, se registraron 4,010 desapariciones, un promedio de 40 por día, lo que representa un aumento del 60% respecto al promedio diario del sexenio anterior. Estados como el Estado de México, la Ciudad de México y Sinaloa concentran el mayor número de casos, este último afectado por la pugna entre facciones del cártel de Sinaloa tras la detención de líderes como Ismael “El Mayo” Zambada.
A pesar de que el gobierno federal destaca una disminución en los homicidios, el tema de las desapariciones permanece ausente de los discursos oficiales. Hasta marzo de 2025, el RNPDNO reporta un acumulado de 123,000 personas desaparecidas desde 2006, de las cuales más de 6,700 corresponden a los cinco meses de la administración actual. Este ritmo sugiere que el sexenio de Sheinbaum podría superar los récords de sus predecesores si no se implementan medidas efectivas.
Factores detrás del crecimiento
El aumento sostenido de las desapariciones desde el sexenio pasado responde a múltiples causas. La violencia del crimen organizado, exacerbada por disputas territoriales y el control de rutas migratorias, sigue siendo el motor principal. Sin embargo, la impunidad —con un 99% de casos sin resolver— y la complicidad de algunas autoridades locales agravan el problema. A esto se suma la falta de capacidad institucional para realizar búsquedas efectivas y la crisis forense, que impide identificar a miles de restos.
Las familias, organizadas en más de 200 colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, han asumido un rol protagónico ante la inacción del Estado. Madres buscadoras, como las de Sonora o Quintana Roo, recorren terrenos y exigen justicia, enfrentando riesgos que incluyen amenazas y asesinatos. Solo en el sexenio de López Obrador, 16 personas buscadoras fueron asesinadas, 13 de ellas mujeres.
Un futuro incierto
La evolución de las desapariciones en México desde el sexenio de Peña Nieto hasta la actualidad muestra un crecimiento descontrolado que ha rebasado todas las expectativas. Mientras el delito se dispara, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. La transición de un gobierno a otro no ha roto el ciclo de violencia e impunidad, dejando a las familias en un limbo de dolor y esperanza. Hoy, en marzo de 2025, México enfrenta el reto de no solo detener esta tragedia, sino de sanar las heridas de más de 123,000 historias truncadas. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo?
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