Cuando un gran jurado en Nueva York acusa a un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, México no enfrenta un escándalo político: enfrenta una crisis de Estado.
Esto no es solo otro episodio en la larga lista de tensiones entre política y seguridad. Se trata de la posibilidad —aún no probada, pero de enorme gravedad— de que las estructuras del poder público hayan sido penetradas por el crimen organizado. Y eso coloca al país en un dilema incómodo: responder con instituciones o reaccionar con política.
El punto de acuerdo que presenté el Senado se basa en un diagnóstico que, en gran medida, refleja una preocupación real: hay una crisis de confianza en las instituciones. Varios análisis muestran que una mayoría significativa de la población percibe negativamente al Estado mexicano e incluso, en algunos casos, confía más en las autoridades extranjeras que en las nacionales.
Ese hecho no es insignificante. En parte, explica por qué una acusación proveniente de Estados Unidos tiene tanto peso en el debate público interno. Pero esa desconfianza no puede convertirse en un argumento para debilitar los principios que sostienen el estado de derecho.
El detonante es la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa. La línea política ha seguido: tomar medidas rápidas, imponer el tratado de extradición, investigar a fondo el proceso electoral de 2021, remover a los acusados del poder e incluso considerar la disolución de poderes en el estado.
No hay nada, de naturaleza ilegal, que se esté solicitando aquí. Se trata de hacer cumplir la ley. El tratado de extradición es claro y un instrumento firmado por el Estado mexicano —seguirlo no disminuye la soberanía (la realza).
Y lo que está sucediendo en Sinaloa no es como otras situaciones. No hay contención institucional, sin duda; hay señales de que el aparato de seguridad ha sido sobrepasado o capturado por el crimen organizado. Y como resultado, el Estado no puede ser negligente.
El problema no es la preocupación. Eso es legítimo. El problema es cómo se está manejando.
Primero, porque una acusación no es una condena. No proporciona la base para una decisión política inmediata sin socavar la presunción de inocencia o canalizar efectivamente un juicio externo a la dimensión interna, sin filtros.
Segundo: porque la estructura de las instituciones mexicanas en sí establece algunas líneas claras de procedimiento. La extradición no es algo automático; necesita revisión judicial y garantías. Acusaciones no probadas no pueden fundamentar la cancelación del registro de un partido político. La disolución de poderes es un paso extraordinario que exige condiciones bien fundamentadas, no meras afirmaciones.
En tercer lugar, dado que no son posibles sanciones máximas sin primero establecer el correspondiente respaldo probatorio. Las acusaciones son serias —intervención en el proceso electoral, infiltración institucional, vínculos con el crimen— y, sin embargo, por esa razón, deben ser rigurosamente probadas.
Hay, entonces, un factor que sí cambia el contexto: la dimensión internacional. La estrategia antidrogas de Estados Unidos pone a México —y, más importante aún, el fenómeno del fentanilo— en el centro de la agenda global. En esa situación, lo que ocurre en Sinaloa ya no es un problema local, sino que tiene implicaciones para la seguridad internacional.
Eso transforma la situación, pero no las reglas.
México debe cooperar, sí. Debe investigar, sí. Debe aclarar cualquier posible vínculo entre las autoridades y el crimen organizado. Pero tiene que hacerlo dentro de su propio marco constitucional. La cooperación internacional no suplanta el debido proceso; lo complementa.
He afirmado que las solicitudes de licencia por sí solas no son suficientes y que la situación en Sinaloa podría justificar medidas adicionales y más amplias, incluyendo la revisión de la permanencia de los poderes locales.
También se ha señalado que el gobierno estatal puede haber perdido la capacidad de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Estas son afirmaciones muy serias, que de ser verificadas justificarían medidas igualmente serias. Pero ese es el punto: deben ser confirmadas a través de procedimientos formales, no asumidas como punto de partida.
Simultáneamente, la afirmación de las omisiones electorales de 2021 nos señala una vía de conversación legítima adicional. Si hubo denuncias que nunca fueron investigadas, entonces el Instituto Nacional Electoral (INE) debe revisar estas denuncias. Pero la revisión debe ser técnica, no política, y mucho menos instrumental en la imposición de sanciones, una vez formuladas.
Sin embargo, atada bajo la superficie de la conversación, hay una tensión profunda, que nos lleva de nuevo al peligro de los atajos políticos en una crisis institucional. En tiempos en que la desconfianza es generalizada —cuando la mayoría de los ciudadanos no confía en el Estado— y hay una enorme presión internacional, la urgencia puede obligar a tomar decisiones que arriesgan romper la ley en favor de la inmediatez.
Ese camino es arriesgado.
Porque si hay una necesidad en México ahora mismo, es hacer que sus instituciones funcionen: investigar rigurosamente, colaborar responsablemente y sancionar, si es necesario, de acuerdo con la ley.
El caso de Sinaloa requiere claridad y firmeza. Pero también requiere disciplina institucional. Sin ella, cualquier esfuerzo por solucionar la crisis podría exacerbarla.
Porque cuando se confirma que el crimen organizado influye en las elecciones, se vacía de contenido la democracia. Y cuando el Estado no lo investiga, la desconfianza deja de ser una percepción y se convierte en una realidad.
Que se investigue a fondo, sin evasiones y sin cálculos políticos. Que se cumplan los tratados, pero también la Constitución. Que haya responsabilidades claras, sin importar quién caiga.
Porque cuando el crimen organizado influye en el poder, la democracia no existe. Y cuando el Estado no actúa conforme a la ley, la desconfianza es la norma. Eso es lo que está en juego. Y eso es algo que México no puede permitir. Cuando los grupos criminales ponen a los gobernantes el narco-Estado es lo que impera y dejamos ser un país de libertades y derechos.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
