Suele no aparecer entre las principales preocupaciones ciudadanas en las encuestas, normalmente dominadas por los temas vinculados a la inseguridad y la debilidad de oportunidades económicas; sin embargo, el agua es uno de los principales temas de política pública que pueden llegar a amenazar la estabilidad social y el crecimiento sostenido de la Ciudad de México en el mediano plazo, sea por la falta de recurso hídrico, una mala distribución del mismo o los efectos en las edificaciones urbanas de esta metrópoli.
No es un problema nuevo. Las alertas de preocupación han estado encendidas desde hace tiempo por la comunidad científica y los especialistas, al subrayar la magnitud de los retos que se tienen en materia del adecuado funcionamiento de la infraestructura del agua, su insuficiente nivel de tratamiento, la preservación de sus fuentes de originación expuestas a cada vez mayores contaminantes y la falta de cultura en el consumo personal, al registrarse un per cápita muy superior al de otras ciudades similares del mundo.
Por sus implicaciones sociales, económicas y ambientales, los retos al agua merecen del gobierno capitalino una respuesta sustentada en criterios técnicos. La viabilidad de la zona metropolitana más importante de América Latina no puede estar sujeta a consideraciones políticas, mucho menos si éstas se encuentran sustentadas en objetivos electorales cortoplacistas de índole partidista, como las autoridades y legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pretenden secuestrar el debate público de nueva cuenta, en perjuicio de una política pública seria y eficiente que favorezca a la población.
Y es que una escalada del 35% a las tarifas de suministro de agua “en ciertos lugares” —forma como la jefa de Gobierno evade referirse a las colonias en que impuso este incremento y que coinciden con las que barrieron a Morena en las pasadas elecciones, al darle la victoria a la alianza opositora— no representa una acción que contribuya a dar solución a los problemas antes enunciados.
Menos aún si el Gobierno de la Ciudad de México carece de una estrategia viable y convincente, en la que todos los capitalinos tengamos claro el proceso integral que habrá de corregir las vulnerabilidades hídricas de manera gradual. Acciones en las que, por cierto, obligarían a la mayor colaboración territorial y no sólo a un fragmento de ella, como se pretende hacer creer en esta coyuntura.
Porque si algo caracteriza a la presente administración local y sus diputados afines es la falta de coherencia en el manejo sustentable de los recursos. El gobierno local ahora se dice interesado en el tema del agua, pero hace algunos meses se dio a defender la construcción de una infraestructura vial de seis carriles sobre tres hectáreas de humedal en la zona de Xochimilco —según consta en numerosas fuentes abiertas—, área natural considerada como fundamental por ser regulador hídrico y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a finales de los años ochenta. Una obra contraria al sentido común, dado que los 800 pozos de los que se extrae agua están sobreexplotados, si hacemos caso a las propias autoridades locales del sector.
Cabe recordar que éste no es el primer antecedente. En su entonces desempeño como secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 2001, la ahora jefa de Gobierno justificó la construcción de segundos pisos, a pesar de los evidentes impactos a la calidad del aire, en lugar de alentar formas de movilidad menos contaminantes, como correspondía a la naturaleza de sus responsabilidades en ese periodo.
A su vez, autoridades y legisladores de Morena se dicen interesados por el agua, pero han avalado en los últimos años el recorte presupuestal del 29% a la Comisión Nacional del Agua, afectando con ello los recursos disponibles para revertir las situaciones que se presentan en distintas partes del país, incluida la Zona Metropolitana del Valle de México.
Igual de contradictorio resulta ahora que se ponga en el centro del debate una medida tarifaria que agravia, por parcial, a unos sobre otros, y que, además, abona al clima de polarización, al tender una línea de conflicto entre colonias de distintos ingresos, cuando el verdadero desperdicio de agua no proviene de las demarcaciones perdidas por Morena, sino del deterioro observado en la infraestructura que pierde hasta la mitad del agua potable que entra al sistema —según lo afirman instancias como la Organización de las Naciones Unidas—.
Lo grave es que, mientras el Gobierno de la Ciudad de México permanezca jugando a la política electoral, la capital seguirá presentando un deterioro creciente de infraestructura que amenaza la mayor contaminación del subsuelo, la llegada de 177 litros por habitante en lugar de los 300 litros que son inyectados a la red de agua potable, un hundimiento de nuestra urbe de 30 centímetros al año, y la viabilidad futura de la ciudad por la falta de recarga suficiente de la cuenca del Valle de México.
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