Los norteamericanos cansados de que el gobierno mexicano evadiera las advertencias y señalamientos para combatir con eficacia a los carteles criminales, decidieron mandar un dardo envenenado, la lista de los diez sinaloenses pegó duro en el corazón de la cuarta transformación, al exhibir toda una red de colusión, protección y control de esas actividades desde las más altas esferas del poder.
No se anduvieron por las ramas, lo anticiparon desde la administración de López Obrador, quien negó enfáticamente la producción de fentanilo en México y, ahora resulta que Sheinbaum presume que se han desmantelado más de dos mil laboratorios clandestinos en lo que va de su administración, aunque para ser objetivos cabe agregar que prácticamente en esos operativos no hay detenidos, cuestión que despierta suspicacias.
La solicitud de extradición ha causado un gran revuelo, en especial porque entre las personas solicitadas se encuentra un Gobernador; un Presidente Municipal y; un Senador, todos ellos en funciones, sujetos cercanos a la cuarta transformación y, envueltos en muchos episodios que recorren las leyendas urbanas.
Esa petición les cayó como balde de agua helada, la reacción fue desestimarla con artilugios jurídicos, sin embargo, solo develaron la intención de brindar apoyo y protección a los involucrados, principalmente el gobernador Rocha Moya, argumentando falta de pruebas.
Es obvio que frente a esa crisis tomaron el control estratégico mediante una estrategia conjunta del gobierno federal; fiscalía; morena y; gobierno de Sinaloa, poniendo voceros y distractores.
Así observamos un silencio cómplice, solo han salido a dar declaraciones a cuentagotas Sheinbaum y la presidenta de Morena, tocando el punto cuando no tienen otra opción y, dando respuestas dirigidas a abordar otros temas desviando la atención.
Ese fue el caso con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde han querido empatar el marcador echándole caballería, no obstante, ante la dimensión entre uno y otro asunto, la absurda comparación queda sin materia y absorbida por la extradición que ha ocupado la atención pública, fracasando en la intentona distractora.
Además, el impacto de que dos personajes que estaban en la lista se hayan entregado a la administración de justicia de los Estados Unidos, cambia completamente el panorama. En efecto, ambos personajes, tanto el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida; como el de Finanzas, Enrique Díaz Vega, fueron altos funcionarios en la administración del Gobernador con licencia Ruben Rocha.
Al respecto, algo que llama profundamente la atención consiste en la defensa a ultranza de Rocha Moya y acompañantes que aparecen en ese registro, por parte del gobierno mexicano, sobre todo, en virtud de los señalamientos públicos que existen e inclusive con el montaje del homicidio del diputado Melesio Cuen y múltiples datos adicionales.
Se entiende que ese asunto salpique a Morena, pues revela y constata lo que es conocido públicamente, consistente en los nexos de miembros prominentes de ese instituto político con carteles criminales, asunto que desde luego merece una amplia explicación y sinceras disculpas.
Lo que no es correcto, es otorgar protección a personas acusadas de cometer delitos poniendo los intereses de su grupo por encima del interés nacional.
