Una de las principales prioridades y objetivos de la actual administración pública federal en materia de seguridad pública fueron delineados por el Presidente de la República en diciembre de 2012, cuando afirmó que: "Nuestros objetivos prioritarios son: reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones".
Una de las estrategias que se ha tratado de implementar es el de lograr la colaboración con los gobiernos locales para hacer frente a los delitos del orden común, el secuestro y la extorsión.
Esta medida no le fue posible lograrla a la administración de Felipe Calderón, pues cuando se inició y continuó la lucha contra la delincuencia organizada, los que menos cooperaron fueron los gobiernos estatales y municipales, a pesar de los millones de pesos que el Gobierno federal les aportó, pues las autoridades locales estaban infiltradas por la delincuencia "organizada", mientras que la autoridad estaba "desorganizada" en capacitación, en personal, en políticas públicas estatales de combate a la inseguridad y, en último caso, gobernadores, presidentes municipales, funcionarios y policías, estaban temerosos de salir a enfrentar a los delincuentes, mejor armados, más numerosos, mejor pagados y más motivados y mejor lidereados que la autoridad.
¿Qué tanto influyó que la mayoría de los gobiernos locales fueran priistas y el gobernante federal fuera panista? Tal vez nunca se sepa, pero, como expuso Felipe Calderón en el acto de presentación de su libro "Los Retos que Enfrentamos", al inicio del sexenio se tenía una delincuencia fuerte, organizada y respaldada hasta por funcionarios de todos los niveles, frente a autoridades temerosas, desorganizadas y falta de motivación; y al final del sexenio, la delincuencia ya estaba desorganizada en grupos menores, con liderazgos enfrentados y con limitaciones en recursos, armas y espacios, y las autoridades ya estaban en mejor situación para enfrentar con cierto éxito a los delincuentes.
Ahora, un Gobierno federal de procedencia priista puede actuar con mejores perspectivas de organización y recursos, así como con mejor colaboración y coordinación con los gobiernos locales priistas.
Sin embargo, hasta ahora, las estadísticas nos muestran, por un lado, menos averiguaciones previas federales de la PGR, y en estados y municipios se informa de una disminución en los homicidios dolosos, pero el secuestro y la extorsión muestran cifras históricamente más altas, en 2013 y lo que va de 2014.
Hay que considerar que, si bien en 2012 se reportaron 11 mil 48 homicidios dolosos y en 2013 bajan a 9 mil 523; y para 2014, al mes de mayo se tenían ya 8 mil 101, pero se muestran también algunas cifras raras en 2014, pues, por ejemplo, en el estado de Guerrero, la Procuraduría del Estado informó una disminución de homicidios dolosos de 281 casos en el periodo de enero a junio, ya que en ese periodo se tuvieron mil 61 casos en 2013, mientras que en 2014 llevaba reportados 780 casos; pero, en cambio, en el mismo periodo reporta un "incremento" sospechoso de 200 casos más en homicidios culposos, al pasar de 204 casos en 2013, a 404 casos en 2014.
Esto nos muestra un serio problema, no sólo de ocultamiento de información, sino una desviación de la información al pasar casos de homicidios dolosos a homicidios culposos, violando las más elementales normas de transparencia y rendición de cuentas.
En materia de secuestro, en el primer semestre de 2014 se observa una pequeña disminución al pasar de 823 secuestros en 2013, a 808 en 2014, siendo Tamaulipas y Veracruz las más graves, pero en cambio aparece Guerrero que, según informa, logró disminuir en 45 casos entre 2013 y 2014, cifra que se antoja sospechosa por ser un estado con un alto índice de delitos del orden común hasta la fecha.
En cuanto al delito de extorsión, en este primer semestre se disminuyeron los casos al pasar de 4 mil 46 casos en 2013, a 3 mil 419 en 2014, pero aquí también habría que ver con suspicacia las importantes disminuciones en Distrito Federal con 276 casos menos; Guanajuato con menos 227, y Estado de México con 198 casos menos.
Otro problema en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad pública es el vacío de información que se observa en el combate al narcomenudeo, pues en el formato de registro de delitos del fuero común no aparece ningún rubro que acumule los casos de narcomenudeo, ya que todo indica que los están "diluyendo" en el rubro: "Resto de los Delitos (Otros) (ODR)", por lo que de nueva cuenta se viola la normatividad de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en las autoridades locales que aprovechan esta circunstancia administrativa para ofrecer "cuentas alegres" en cuanto a casos de narcomenudeo, que es, por cierto, un asunto de altísimas consecuencias sociales, pues está afectando a niños, jóvenes y adultos, por lo que, al no existir información confiable, no se puede combatir y mucho menos prevenir y curar.
En beneficio de la sociedad y si se pretende lograr la colaboración de los ciudadanos en materia de seguridad pública, urge una buena política de transparencia y de información creíble, no "maquillada", que sólo ocasiona desconfianza, desorden y falta de estrategias efectivas entre gobierno y sociedad.
There is no ads to display, Please add some
