En campaña y al llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el caso de los normalistas de Ayotzinapa. A más de tres años del al gobierno, aún no hay culpables, ni se conoce el paradero de los 43 estudiantes.
Ante tal contexto, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) fue contundete, “Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho a deber”.
El funcionario participó en la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se dedica a la defensa de derechos en Guerrero, estado del sur de México.
El reporte dedicó un espacio al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, un hecho que aún no se esclarece pese a las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a siete años de ocurridos los hechos”, indicó Fernández-Maldonado.
La Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la “verdad histórica“, que señalaba que policías en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula.
El actual gobierno reabrió la investigación de Ayotzinapa en 2018 y derrumbó esta versión, al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
Aun así, el representante de la ONU-DH destacó “la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación” del caso Ayotzinapa.
El funcionario replicó las peticiones del informe, como el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para “garantizar que todo su personal y oficinas, más allá de la fiscalía especial, estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso”.
Además, pidió que “que las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculizan el avance del caso”.
Y exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional a “contribuir mediante el acceso libre” a toda la información relevante.
“Las omisiones o negligencias que dificultan o impiden el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas”, concluyó.
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