Gastar menos y mejor

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Esta coyuntura económica es una oportunidad para rediseñar las estructuras y procesos gubernamentales.

Esta semana el dólar superó los 19 pesos, el precio del petróleo sigue en picada y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, llamó al gobierno a recortar el gasto público. Desde los primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha observado un incremento tanto en el déficit como en la deuda pública, que empieza a poner en peligro los equilibrios macroeconómicos y la calidad de vida de los mexicanos. En tres años, la deuda del gobierno ha crecido más de dos mil millones de pesos diarios y los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público como proporción del Producto Interno Bruto ya alcanzaron el 45%, cuando en 2012 eran tan sólo del 35%. De igual forma, el déficit en las finanzas ha crecido a un ritmo de más de 8% anual, superando los 25 mil millones de pesos, y lo más preocupante es que este endeudamiento no ha servido para aumentar el crecimiento del PIB.

El llamado del Banco de México es urgente debido a dos hechos que preocupan cada vez más a los analistas e inversionistas. Por un lado, la alta volatilidad que hay en el escenario internacional derivado de factores como los bajos precios del petróleo, la desaceleración de la economía china y la presión que ejerce el dólar a diversas monedas en el mundo. Respecto de estos factores globales, ciertamente hay poco margen de acción y la alternativa es aumentar la subasta de dólares, cuidando que la implementación de la Reforma Energética ayude a colocar más exportaciones en otros mercados como los asiáticos.

Sin embargo, ademas de los factores internacionales, el gobierno ha fallado en lograr una mejora sustancial en el ejercicio del gasto público. De ahí la urgencia de recortar los gastos innecesarios en burocracia que no agregan valor público, en obra pública mal diseñada o en programas de desarrollo poco efectivos.

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Además del recorte, se necesita una mayor inteligencia en el uso de los recursos. Por ello son indispensables varias medidas, como una planeación estratégica que logre que las acciones gubernamentales se conviertan en verdaderas políticas públicas pensadas en el largo plazo y superen la visión fragmentaria; indicadores de gestión para medir el verdadero impacto de las políticas conforme a los objetivos planteados, atendiendo las causas de los problemas y no sólo sus efectos; así como  reducir el gasto corriente, coordinar los esfuerzos gubernamentales para no duplicar tareas o beneficiarios y sumar a la iniciativa privada y a la sociedad civil organizada para potenciar el alcance de las acciones públicas. Todo ello, sin olvidar la necesidad de superar la cultura paternalista y “gobernocéntrica”, que va en aumento por el discurso populista que se ha arraigado en diversas capas de la sociedad. 

Lógicamente en el centro de todo este debate sobre el gasto público se deben colocar la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. La falta de estos mecanismos genera enormes hoyos en la hacienda pública; miles de millones de pesos se pierden por licitaciones amañadas, obras que no cumplen con las especificaciones que se pagaron, sobrecostos en la compra de todo tipo de insumos.

El margen de maniobra se acorta cada vez más. Ya no hay pretexto para malgastar ni tampoco para meter tijera en perjuicio de las personas que viven en situación de pobreza. Esta coyuntura económica es una oportunidad para rediseñar las estructuras y procesos gubernamentales, así como para asumir una nueva cultura de eficiencia, transparencia y honestidad en el ejercicio del gasto público.


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