Cuando el miedo entra a las casas, es que el Estado ha perdido una de sus batallas fundamentales: la de la seguridad. En menos de un mes, tres veces las mamás de la escuela de mi hijo han alertado en redes sociales de secuestros. El último sucedido hace un par de días en un área comercial de Zona Esmeralda en el municipio de Atizapán de Zaragoza, frente a decenas de personas, que impotentes, no pudieron hacer nada para evitar que se llevaran a un joven. Hace unas semanas, padres de familia del Colegio Alemán ubicado en Naucalpan de Juárez, se manifestaron exigiendo seguridad a las autoridades.
Además de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, la otra crisis de seguridad está en el Estado de México, y no sólo en los aparentemente lejanos municipios colindantes con Guerrero y Michoacán que desde hace tiempo están como se dice en el argot policiaco, “calientes”, sino en la zona metropolitana del Valle de México.
El estado más poblado del país, en el que mayor número de empresas y negocios están asentados, está hundido en la peor crisis de su historia. Desde 2007 los indicadores de seguridad empeoran año con año, lo que demuestra más allá de cualquier discurso, que el gobierno ha sido completamente incapaz de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses. Sus acciones han ido de fracaso en fracaso, bajo el mismo camino que en Guerrero: torpeza, negligencia y complicidad.
El Estado de México es una entidad marcada por la pobreza, la baja competitividad económica y la altísima corrupción. La división de Poderes es casi inexistente, la mayoría de los medios de comunicación son órganos de propaganda gubernamental y los organismos autónomos están, en buena medida, subordinados al titular del Ejecutivo.
Esta debilidad institucional, al igual que en Guerrero, se manifiesta en una creciente violencia social y en una cultura de impunidad que vulnera de forma permanente los derechos humanos fundamentales de la población. Por ello, las familias mexiquenses experimentan cada vez más miedo y tienen que arreglárselas para sobrevivir en medio de un clima de angustia, desamparo e impotencia.
Hay zonas del estado totalmente dominadas por el crimen organizado. Ya no es sólo el sur donde varios gobiernos municipales se encuentran infiltrados por el narcotráfico. También es el oriente donde municipios como Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Valle de Chalco, se han convertido en grandes centros de distribución de drogas. La capital del estado, Toluca, y sus alrededores, sufren de una red de extorsión nunca antes vista, en la que industriales y pequeños comerciantes se ven afligidos ante el cobro de derecho de piso al que son obligados bajo amenaza de muerte. En el Valle de México en calles, parques y plazas comerciales de Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla hay robos de autos, secuestros y asesinatos a plena luz del día como nunca antes se había visto.
Sumado a este desolador panorama, se han disparado los secuestros de mujeres adolescentes en casi todas las regiones del estado; cada dos días desaparece una mujer joven, las cuales, en su mayoría, son esclavizadas en una compleja red de trata de personas que se extiende de forma imparable frente a la indolencia y la incapacidad de las autoridades. Esta misma semana un grupo se manifestó frente al Senado exigiendo el cese de desapariciones de mujeres en Ecatepec.
Diversas asociaciones civiles desde hace años, han demandado se active la alerta de violencia de género, para que se apliquen una serie de protocolos de seguridad y atención a las víctimas. Pero privilegiando una lógica política, el PRI ha impedido que esta iniciativa prospere.
La descomposición es tal, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido la recomendación 51/2014 al gobernador Eruviel Ávila por los sucesos de Tlatlaya. En dicha recomendación se señala con claridad las faltas y omisiones en las que incurrieron diversas instancias locales. La escasa capacitación de los servidores públicos, el encubrimiento y la falta de atención a las víctimas en este caso, son muestra de la atrofia institucional que sufre el estado.
Preocupantemente, no sólo Guerrero está mal. Como lo escribí en este mismo espacio la semana pasada, entre la infiltración del crimen en las estructuras del Estado y la debilidad institucional, el peligro cerca cada vez más a millones de familias. Es hora de generar un pacto por la seguridad que ponga freno a este caos.
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