Nuestras leyes se han modificado con gran frivolidad, sin importar las nefastas consecuencias que ha debido pagar el pueblo de México.
México da la sensación de estar inacabado y, al mismo tiempo, fijo para siempre.
Anita Brenner.
No puede concebirse el derecho sin la adecuación a un fin. Como producto cultural, las normas jurídicas pretenden corregir algo, mejorar y orientar la voluntad mediante principios y valores. Cuando no se tiene claro lo que se quiere obtener, se cometen graves errores legislativos que generan daños sociales.
Un error legislativo es un clásico muy hipócrita. El derecho debe generar convivencia y armonía social. Una ley mal hecha, o no es debidamente observada, generando una falla; o, bien, no se cumple, deteriorando la credibilidad, requisito fundamental del Estado de derecho.
La historia de México registra cinco grandes etapas de reformas jurídicas.
La primera se da al iniciar nuestra vida independiente (1823-24). Se imitaron las constituciones de Cádiz, de Estados Unidos y de Francia, olvidando un buen documento fundacional: la Constitución de Apatzingán.
La segunda reforma es producto del pensamiento liberal. Me parece que los constituyentes de 1856-57 tenían claros los alcances de las leyes. Deslindaban con claridad los derechos del hombre y la forma de protegerlos. Esa Constitución provoca, inclusive, una guerra civil, pues su contenido afectaba intereses. Con el porfiriato, desafortunadamente, el texto jurídico fue ignorado, propiciando una enorme simulación del Estado de derecho.
La tercera etapa corresponde a la reforma de 1917, que fue más bien una forma de pagar, cuando menos en teoría, a los grupos sociales que habían hecho la Revolución, y también de castigar a los perdedores de ese movimiento armado.
La cuarta etapa puede denominarse como la “demagogia presidencial”, pues el Presidente en turno, a capricho y para simular grandes cambios, modificaba irresponsablemente los ordenamientos jurídicos. La excepción fue Adolfo Ruiz Cortines, un provinciano autodidacta, quien reformó la Constitución una sola vez para reconocer el voto universal a las mujeres.
La quinta etapa se inicia con la transición democrática, caracterizada por reformas que obedecen a negociaciones partidistas.
De todo esto podemos concluir que, en buena medida, nuestras leyes se han modificado con gran frivolidad, sin importar las nefastas consecuencias que ha debido pagar el pueblo de México.
La más elemental técnica legislativa parte de una pregunta: ¿resolvemos este problema con cambios en las leyes? Es lo que en sociología del derecho se denomina “rebote jurídico”. Toda norma tiene una dosis de hechos y de ideales. Sin este equilibrio, producimos una mala ley.
Es una reiterada afirmación: tenemos un mal Estado de derecho. El ejemplo más ostentoso es lo sucedido en la Ciudad de México. Ahora, con el argumento de estimular la participación ciudadana, se intenta una nueva reforma de la que ni siquiera estaban convencidos los senadores que la aprobaron.
Nunca, como hoy, la Ciudad de México ha sido tan mal gobernada. Basta oír los discursos de Morena y PRD, responsables desde hace 18 años de gobernar la capital, para confirmar que hemos caído en manos de grupos facciosos. Los casos de corrupción van desde el famoso “cochinito” de Rosario Robles, hasta la Línea 12 del Metro. Por lo que se refiere a la inseguridad, la lista es interminable. Nunca las delegaciones han estado tan cargadas de burocracia y de corrupción como en la actualidad.
En resumen, mientras no tengamos recato para tocar la ley, seguiremos deteriorando nuestro ya empobrecido marco jurídico.
Entendamos una cosa muy sencilla: las leyes corresponden al ámbito de las intenciones. Si no hay voluntad para acatarlas, simplemente son, utilizando expresiones de juristas connotados, “cláusulas dormidas” o “papel mojado”.
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