La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) ha emitido su informe preliminar sobre la reciente elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación en México, celebrada el pasado 1 de junio, y sus conclusiones no dejarán indiferente a nadie. Si bien la OEA reconoce el ambiente de tranquilidad durante la votación y el esfuerzo de los funcionarios electorales, su principal preocupación se centra en un dato que resuena como una bofetada a la democracia: la bajísima participación ciudadana.
Según el informe, apenas un 13% del electorado acudió a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Poder Judicial. Este porcentaje, calificado por la OEA como «uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral», enciende focos rojos sobre el interés y la confianza de los mexicanos en este crucial proceso. ¿Qué significa que tan poca gente se involucre en la elección de quienes impartirán justicia? ¿Es un reflejo de desilusión, desinformación o una estrategia velada para la conformación de un Poder Judicial a modo?
La Misión, encabezada por el ex Canciller de Chile Heraldo Muñoz Valenzuela, no solo se limita a señalar la alarmante abstención. El informe también arroja luz sobre la complejidad del proceso y la necesidad de una comprensión profunda de las implicaciones de un cambio de esta magnitud. La OEA ha sido clara al no recomendar la replicación de este modelo de selección de jueces en otros países de la región, lo que subraya las reservas internacionales sobre la idoneidad y las posibles consecuencias de esta reforma judicial en México.
La transparencia y la legitimidad de las instituciones son pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Una elección con tan escasa participación plantea serias dudas sobre la representatividad de los elegidos y la solidez de la reforma judicial impulsada por el actual gobierno. Para una oposición que ha alertado sobre la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos, este informe preliminar de la O OEA se convierte en un argumento contundente.
Es fundamental que la ciudadanía exija respuestas y claridad sobre las causas de esta baja participación. ¿Se debe a una campaña de desinformación? ¿Fue por una falta de difusión adecuada sobre la importancia de estas elecciones? O, lo que es más preocupante, ¿es el resultado de un hartazgo generalizado o la percepción de que el voto no tiene un impacto real en la conformación de las instituciones?
El informe de la OEA, un actor con credibilidad internacional y experiencia en observación electoral, llega en un momento crucial para México. Sus observaciones no son meras anotaciones, sino advertencias que no deben ser ignoradas. La reforma judicial, uno de los proyectos insignia del oficialismo, enfrenta ahora el escrutinio no solo de la crítica interna, sino también de la comunidad internacional, que observa con recelo un modelo que podría minar la independencia judicial y la división de poderes.
La ciudadanía y la oposición tienen ahora una herramienta más para el debate y la exigencia de rendición de cuentas. El bajo nivel de participación, sumado a las reservas expresadas por la OEA, debe ser el punto de partida para una discusión seria y profunda sobre el futuro de la justicia en México.
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