Un grupo de legisladores de Morena, integrado por Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral, presentó una iniciativa para corregir deficiencias detectadas en la elección popular de jueces y magistrados derivada de la Reforma Judicial. La propuesta crea un Comité Único de Evaluación compuesto por representantes de los tres poderes de la Unión y cuenta con el respaldo técnico de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Se trata, según los promotores, de un mecanismo de corrección que reconoce públicamente errores en el proceso de selección implementado hace menos de dos años.
La iniciativa surge del análisis de actuaciones judiciales recientes que, a juicio de sus impulsores, evidencian lagunas en la preparación o idoneidad de algunos juzgadores electos. El Comité tendría facultades para evaluar perfiles, verificar requisitos y, en su caso, recomendar ajustes o separaciones que garanticen el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Sus proponentes argumentan que este paso refleja responsabilidad institucional: admitir fallas y corregirlas fortalece, en lugar de debilitar, el sistema.
La medida ha generado posturas encontradas. Para sus defensores, representa un acto de madurez política. La elección popular de jueces fue presentada como un avance democrático que acercaba la justicia a la ciudadanía; sin embargo, la realidad operativa ha mostrado casos de resoluciones controvertidas, retrasos injustificados o percepciones de parcialidad que erosionan la confianza pública. El Comité, afirman, no anula el voto ciudadano, sino que lo complementa con filtros de competencia técnica.
En el extremo opuesto, críticos sostienen que la propuesta equivale a una rectificación tardía y peligrosa. Argumentan que, al crear un órgano de evaluación integrado por actores de los tres poderes, se abre la puerta a injerencias políticas que podrían neutralizar el espíritu original de la reforma: romper con supuestas élites judiciales tradicionales. Algunos sectores de la oposición ven en esta iniciativa un mecanismo velado para recentralizar control sobre el Poder Judicial, especialmente cuando la mayoría legislativa actual permite influir en la integración del Comité. Otros analistas advierten que, si se aprueba sin salvaguardas estrictas, podría generar inestabilidad jurídica y desincentivar la participación ciudadana en futuras elecciones judiciales.
El debate trasciende el ámbito técnico. Plantea interrogantes sobre la viabilidad de elegir jueces por voto popular en un país con altos índices de polarización política y desigualdad informativa. ¿Puede una corrección legislativa restaurar credibilidad sin afectar la independencia judicial? ¿O se trata de un reconocimiento implícito de que el modelo original adolecía de fallas estructurales? La iniciativa obliga a revisar si la responsabilidad de los legisladores incluye la capacidad de enmendar reformas emblemáticas cuando los resultados no cumplen las expectativas.
Hasta el momento, la propuesta se encuentra en fase de discusión. Su aprobación o rechazo marcará un precedente sobre la flexibilidad del sistema político mexicano para autocorregirse o, por el contrario, sobre su tendencia a perpetuar decisiones una vez tomadas. El resultado definirá si la Reforma Judicial se consolida como un experimento democrático imperfecto o si se convierte en un proceso sujeto a ajustes permanentes bajo escrutinio público.
