El temor a la transparencia

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Lo que refleja de mejor manera la resistencia y temor a la transparencia es la propuesta de incorporar reservas por causas de estabilidad económica.

Aún y cuando hace más de 6 meses Peña Nieto dio por concluida la etapa de las grandes reformas estructurales a la que también denominó como “el ciclo reformador”, seguimos en espera de que el Congreso emita las leyes generales en materia de transparencia cuyo plazo -por cierto- venció el pasado 7 de febrero, por lo que de nuevo ha incurrido en omisión legislativa ante el intento del gobierno federal de diluir lo logrado con las adiciones y modificaciones al artículo 6º constitucional.

Es de reconocer que esta reforma constituyó un gran avance, ya que entre sus importantes aportaciones otorgó autonomía constitucional al órgano garante, estableció el principio de máxima publicidad a toda la información en posesión de los entes públicos incluyendo partidos políticos, sindicatos, fideicomisos o de cualquiera que reciba o ejerza recursos públicos, y le puso un piso mínimo a las entidades federativas que en términos generales se han caracterizado por su opacidad.

Su trascendencia, así como la de su consecuente legislación secundaria tiene que ver con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción, pero también con la concepción y consolidación de la democracia en nuestro país como bien lo ha apuntado el Comisionado del IFAI Joel Salas.

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Por ello fue una muy buena noticia el que un grupo de senadoras y senadores de diversos partidos, se hayan reunido con especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil para construir una ambiciosa iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que demandó muchas horas de trabajo conjunto.

Pero lo que empezó siendo un proceso ejemplar por su apertura, inclusión y diálogo, en el último tramo sufrió un cambio drástico ya que las organizaciones fueron excluidas de las reuniones para la elaboración del proyecto de dictamen al tiempo que el gobierno federal, a través del PRI y del PVEM, presentaba una serie de observaciones que alteran significativamente el espíritu de la iniciativa.

Aunque decepcionante, no es de extrañar que el gobierno priísta pretenda dar marcha atrás y suprimir la prueba de daño, la preeminencia de la ley general sobre otras normas, o impedir que conozcamos los nombres de quienes han sido beneficiarios de una condonación fiscal y que se abra de inmediato toda la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Es tan sólo la reiteración de su misma actitud de siempre.

Pero lo que quizá refleja de mejor manera su resistencia y temor a la transparencia, es la propuesta -aunque no la quieran asumir públicamente como suya- de incorporar reservas por causas de estabilidad económica con lo que al parecer buscan que temas que les han sido tan costosos como la fallida licitación del tren México-Querétaro, los vínculos contractuales del gobierno con su generoso benefactor en la adquisición de inmuebles o tantos otros que aún desconocemos, no salgan fácilmente a la luz.

De lo que suceda en los próximos días dependerá en buena medida el futuro de la democracia y la transparencia en México, por lo que estamos justo a tiempo de impedir que se imponga esta posición regresiva y se nieguen a hacer público lo público limitando con ello el ejercicio de un derecho fundamental.


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